Debido a la delgada línea que divide a la seguridad interior y la seguridad pública, en Acción Nacional planteamos que, a través de una declaratoria de seguridad nacional, se racionalice la facultad exclusiva que tiene el Comandante Supremo para el uso de nuestras Fuerzas Armadas, afirmó el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos Hernández.

La manera en que se debería formalizar esto es mediante un procedimiento expedito en el que se funde y motive la causa fehaciente por la cual se requiere el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en un municipio o en un estado del país.

Al participar en la Mesa de Trabajo en Materia de Seguridad Interior (fuerzas armadas), convocada por el Senado de la República, el legislador del PAN recordó que el 11 de noviembre de 2015 presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y abrir un capítulo de Seguridad Interior para poder reflejar, en un marco normativo, las necesidades de la realidad local en nuestro país.

Aseguró que su iniciativa más que militarizar viene a plantear un esquema para que progresivamente se vayan retirando de los municipios y de los estados del país a los militares y marinos.

“Tiene como fuente un caso de éxito aplicado en Baja California, replicado en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y también replicado en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el que, en un esquema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, asumiendo cada una la responsabilidad en el ámbito de su competencia, logramos sacar a la Ciudad de Tijuana en el periodo 2007-2010 del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina”, preciso.

El legislador panista apuntó que lo que se está planteando es poder hacer una distinción en lo que es la seguridad nacional y lo que es la seguridad interior.

Es importante comentar que esta iniciativa presentada hace 14 meses no es una iniciativa que viene planteada aisladamente. Ya que entendemos perfectamente que la Ley de Seguridad Interior es complementaria de la reforma al Sistema de Seguridad Pública Nacional en nuestro país” destacó.

También señaló que su propuesta no se distrae en los pleitos de competencia en los órdenes de gobierno; por el contrario, está planteando una clara intervención de un poder público del Estado Mexicano que tiene la capacidad de fuerza, el adiestramiento y la fuerza suficiente para poder sofocar el tipo de fuerza que ejerce y la presión que ejerce sobre los gobierno locales en los municipios del país y en la propia Federación.

Urgió el Presidente de la Comisión de Seguridad a que esta ley prevea sanciones para quienes no han podido con el cargo o han estado en complicidad por corrupción o franca colaboración con el crimen organizado, como ocurre en muchos municipios y en muchos estados del país; “ se pretende llegar a la raíz del problema y la raíz del problema es que no contamos con una visión federalista en donde sepamos que la verdadera seguridad se va a brindar en los municipios del país y en los estados de la República”, finalizó.