Con la finalidad que el Estado Mexicano pueda reclamar, cuando menos el 50 por ciento de los recursos confiscados, incautados o entregados por un delincuente acusado de narcotráfico que vaya a ser extraditado a otro país, Acción Nacional presentó iniciativa para reformar la Ley de Extradición Internacional.

Junto con los diputados Federico Döring Casar y Jorge Ramos Hernández, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes presentó la propuesta que también  establece cuáles serían los pasos a seguir por parte del Gobierno Mexicano en el proceso de extradición, las autoridades responsables y la metodología a seguir.

Durante la Sesión Ordinaria, la legisladora argumentó que la inexperiencia del actual Canciller Luis Videragay, “ya nos está pasando factura”, ya que nuestro país está a punto de no ver centavo alguno de la  fortuna de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, calculada en 21 mil millones de dólares, toda vez que no ha habido reclamo por parte de la actual administración.

“Así como “El Chapo” Guzmán, un sinnúmero de narcotraficantes han realizado operaciones tanto en Estados Unidos como en México, a los cuales se les han incautado bienes y recursos en aquel país. Sin embargo, ignoramos si a México le fueron entregados parte de los recursos Incautados en Estados Unidos, a estos delincuentes”, indicó.

Para evitar que este tipo de casos se sigan repitiendo, la Diputada señaló que se deben establecer candados para la extradición de mexicanos a otros países y que estén acusados de narcotráfico o delincuencia organizada.

“Los diputados de Acción Nacional proponemos modificar la ley de Extradición Internacional, a fin de establecer que se concederá la extradición a cambio de que cuando menos, el 50 por ciento del valor total de los recursos confiscados, incautados o entregados por los delincuentes, dentro del proceso que se le efectúe en otros país, le sean entregados al Estado Mexicano”, indicó la legisladora por el estado de Aguascalientes.

La reforma al artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional establecería tres puntos básicos:

1.- Indicar que en los casos de que el acusado haya cometido dichos delitos en México y en el país solicitante de la extradición, el solicitante deberá hacer entrega al Estado Mexicano de por lo menos el 50% de los bienes o valores incautados al acusado

2.-Referir que dicha entrega no procederá cuando se acredite ante la autoridad judicial que los recursos no fueron generados a partir de actividades delincuenciales en el territorio mexicano

3.- Resaltar que la omisión de la autoridad mexicana en conceder la extradición sin agotar la solicitud de entrega de recursos contemplados será motivo para que se destituya al funcionario responsable y se le inicie procedimiento de responsabilidad administrativa y penal por uso ilícito de atribuciones y facultades.