• El dictamen incrementa penas y establece sanciones para funcionarios partidistas y electorales que violen los derechos políticos de las mujeres
• Los partidos políticos deberán destinar, por lo menos, el tres por ciento del financiamiento público ordinario a la capacitación y empoderamiento de las mujeres, e informar trimestralmente de su cumplimiento
  

Con el voto a favor de los senadores del Partido Acción Nacional, el Senado de la República aprobó el dictamen que contiene reformas a diversas leyes, para prevenir, atender y sancionar la violencia política en contra de las mujeres, por razones de género.
Al hacer uso de la tribuna, la senadora panista Martha Elena García Gómez explicó que el dictamen define en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la violencia política en contra de una mujer por razones de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder público.
“Este dictamen no sólo refleja un esfuerzo conjunto y la sinergia entre quienes representamos al Poder Legislativo y los diversos actores estratégicos, sino la construcción de acuerdos a través de negociaciones responsables que nos permiten hoy responder a las demandas ciudadanas, pero, sobre, todo a las necesidades e intereses de las mujeres en nuestro país”, apuntó García Gómez.
Durante la discusión del dictamen, el senador Ernesto Cordero Arroyo expuso que con estas reformas se establece que la violencia política se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida en razón del género.
En la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, dijo, se prohíbe que la propaganda de precampaña contenga expresiones que constituyan violencia política contra una mujer por razones de género y se fijan obligaciones a los aspirantes de abstenerse a llevar a cabo actos que constituyan este tipo de violencia.
Asimismo, explicó, se establecen sanciones para los servidores públicos que ejerzan la violencia política contra las mujeres, los cuales podrán ser destituidos e inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Igualmente, se obliga a los partidos políticos a prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar al interior del partido político actos u omisiones que constituyan violencia política por razón de género y a abstenerse de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión de participación de una persona por razón de género en sus órganos internos de dirección, precandidaturas, candidaturas o espacios de toma de decisiones, así como en los ámbitos legislativos o ejecutivo en los órdenes de gobierno, subrayó.
Respecto al financiamiento público, se establece que los partidos políticos deberán destinar, por lo menos, el tres por ciento del financiamiento público ordinario a la capacitación y empoderamiento de las mujeres, por lo que se deberá informar trimestralmente y de dicho cumplimiento, manifestó.
La senadora Mariana Gómez del Campo señaló que estas reformas contemplan la necesidad de promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres, crear mecanismos que garanticen la protección, promoción y respeto a los derechos político-electorales de las mujeres establecidos en la Constitución y tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Asimismo, hizo un reconocimiento a las comisiones por este dictamen y celebró la participación de senadores, y no solo senadoras, durante la discusión.
“Es un tema de mujeres y hombres, que a lo largo de la historia se han encontrado con tropiezos, complicaciones, discriminación, acoso, violencia asociada también a campañas a candidaturas. tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza, para combatir la violencia política y para hacer que los hombres nos ayuden también a ver la política con ojos muy distintos”, indicó.
La senadora Pilar Ortega Martínez destacó que se establecen penas y agravantes para sancionar a funcionarios electorales y partidistas, así como a candidatos, que incurran en conductas que perjudiquen la participación de las mujeres en política.
Este dictamen será una pieza fundamental en la lucha para lograr cada vez más un reconocimiento puntual a los derechos político-electorales de las mujeres, afirmó la presidenta de la Comisión de Justicia.