Marcos Pérez Esquer.- Los hechos denunciados por Emilio Lozoya deben ser investigados con apego a la ley y de demostrarse la comisión de delitos, deben ser castigados. No importa si se trata de altos ex funcionarios o incluso de ex presidentes, nadie debe estar por encima de la ley.

Dicho esto, la verdad es que mucho de lo revelado por Lozoya resulta, por decir lo menos, altamente inverosímil.

Claro, se trata de un delincuente confeso que está dispuesto a decir lo que sea necesario para salvarse él, y a su familia. Se trata pues, de un estrategia desesperada.

En ese contexto, incluye en su denuncia supuestos hechos y circunstancias que ni siquiera le constan (es testigo de oídas), o que ocurrieron incluso antes de que él fuese director de Pemex y que en su caso ya habrían prescrito; pero esos dichos endulzan el oído de López Obrador, satisfacen su ánimo de venganza, y además, le reditúan electoralmente.

Así las cosas, el gobierno aprovecha la desesperada situación personal por la que está pasando Lozoya, para hacerlo decir lo que el propio gobierno quiere que diga.

Llama mucho la atención por ejemplo, la referencia a personajes como Ricardo Anaya, Felipe Calderón o Carlos Salinas de Gortari.

En el caso de los ex presidentes, a ambos se les señala sin precisar hechos que pudieran atribuírseles a ellos directamente y que pudieren ser constitutivos de delitos. Son meras opiniones, suposiciones, especulaciones, nada concreto.

Los señalamientos contra Ricardo Anaya llaman aún más la atención.

Lo acusa de haber recibido un soborno para obtener su voto como diputado a favor de la reforma energética, precisando que el dinero lo recibió a través de un tercero, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. El argumento es inverosímil por varias razones:

1. La reforma energética fue una propuesta en la que el PAN había venido insistiendo a través de diversas iniciativas y plataformas electorales. Nadie paga un soborno para que se apruebe la propuesta del sobornado.

2. Esa reforma se aprobó primero en el Senado, y la Cámara de Diputados sólo la ratificó. Resulta extraño que fuese necesario sobornar a un diputado.

3. La votación en San Lázaro obviamente implicó a las y los 500 diputados, ¿por qué sobornar sólo a uno de ellos? El sentido común diría que en su caso habría sido necesario sobornar a los integrantes de la Comisión de Energía, o a los Coordinadores parlamentarios quizá.

4. Lozoya aduce haber sobornado al mismo tiempo a Anaya y a Ernesto Cordero, entonces Senador de la República. Pero es público y notorio que a la sazón eran acérrimos adversarios internos en Acción Nacional. Es absurdo pensar que ambos pudieron haber sido sobornados al mismo tiempo, por la misma persona, con el mismo objeto, y que los dos se prestaran a ello sin mayor objeción.

5. En la fecha en la que Lozoya señala haber enviado ese soborno, Anaya no era diputado, había pedido licencia cinco meses antes.

Podría seguir extendiendo la lista de las “rarezas” contenidas en la denuncia de Lozoya, pero vale la pena considerar lo conveniente que todo esto está resultando para López Obrador. En un solo movimiento, golpea a todos sus más fuertes adversarios, de antaño y de hoy. A Carlos Salinas, “el innombrable”, a Felipe Calderón, que le ganó la elección de 2006, a Peña Nieto, que le ganó en 2012, a Ricardo Anaya, su principal contendiente en 2018 y que podría convertirse en su principal opositor en el futuro cercano. Sólo le faltó embarrar también a Fox.

Es evidente además, la intencionalidad política que López Obrador imprime al asunto. Pide al Fiscal dar a conocer el famoso video de las bolsas de dinero; casualmente el video se “filtra” en redes sociales, y él mismo lo expone en su mañanera, invalidándolo jurídicamente. No le interesa la justicia sino el escándalo.

Luego exige al Fiscal dar a conocer toda la denuncia de Lozoya, y de nuevo, casualmente la misma se “filtra” en redes sociales.

El uso político-electoral de las instituciones no es nuevo, pero nunca había sido tan burdo.

El manoseo que se está haciendo de todo esto, conduce a lo que la Corte ha llamado “efecto corruptor del proceso penal”, y que bien podría invalidar todo el proceso.

Está claro empero, que esto no le importa al gobierno, lo que le importa es el material que le da para el escándalo y la campaña negra, para la venganza y la manipulación; pero la judicialización de la política, y la politización de la justicia, nunca terminan en nada bueno.