Ciudad de México, 14 de febrero de 2021.- La Cámara de Diputados tiene una deuda con los trabajadores al servicio del Estado que se han visto obligados a laborar desde sus hogares; debemos legislar por el respeto a su derecho a un desempeño digno, igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, relación sindical, acceso a mejores oportunidades laborales, derecho a la intimidad y protección de sus datos personales.

Asimismo, dar certeza jurídica a miles de trabajadores de las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Federal, como de los Poderes de la Unión, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo y asumir los costos derivados de éste, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.

La clave de todo es que los trabajadores al servicio del Estado puedan dedicar más tiempo a la familia y participar en tareas como el cuidado de los hijos.

Este es el propósito de la iniciativa que presentó el diputado Juan Carlos Romero Hicks a nombre de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC, ante la Mesa Directiva y que adiciona los artículos 2o. Bis, 9o. Bis, 9o. Ter, 12 Bis, una fracción XI al artículo 43, 44 Bis, una fracción V al artículo 77 y se reforma el artículo 19, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional en materia de teletrabajo.

Dijo que en meses recientes la Cámara de Diputados sentó las bases para definir las características propias del teletrabajo y reconocer que esta modalidad laboral implica la ejecución de actividades intelectuales por medio de las tecnologías digitales, no exentas de supervisión y control por parte del empleador, pero no alcanzó su atención a los trabajadores al servicio del Estado.

Por ello, reconoció que en medio de la pandemia hubo coincidencia entre los diputados firmantes del PRD, MC, PRI y el PAN para presentar esta iniciativa que tiene como objeto regular el teletrabajo, dar certidumbre a los trabajadores del Estado que laboran en la modalidad a distancia, y apoyar en la transición hacia un nuevo paradigma laboral que llegó para quedarse

Desde el 30 de marzo de 2020, que se declaró la emergencia sanitaria, ha habido diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación con los criterios aplicables a la Administración de los Recursos Humanos, indicando el trabajo a distancia, siendo el último con vigencia hasta el 30 de abril de 2021.

De esa manera se ha utilizado el teletrabajo durante la pandemia como una medida que permite priorizar la salud de los trabajadores y sus familias, al tiempo de continuar las actividades laborales en cumplimiento de las funciones sustantivas.

Algo fundamental es que la iniciativa incorpora un transitorio para que las dependencias inicien la adecuación de sus normas internas reconociendo esta modalidad de trabajo, a reserva de que la Secretaría del Trabajo deberá expedir la Norma Oficial Mexicana, que adecue los distintos tipos de relaciones laborales que existen en cada institución o dependencia, advirtió.

Con esta iniciativa, se busca dar certeza jurídica a miles de trabajadores de las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Federal, como de los Poderes de la Unión, del gobierno de la Ciudad de México, y demás instituciones públicas y organismos descentralizados, quienes ante la emergencia sanitaria se encuentran laborando en esta modalidad y que, podrían seguir haciéndolo de forma consecuente una vez superada la pandemia.

Romero Hicks consideró que esta ley burocrática tiene que enviar el mensaje para que quienes operan en la modalidad de teletrabajo sepan que se respetará los derechos de trabajo digno, igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales, derecho a la intimidad y protección de sus datos personales, relación sindical y demás condiciones.

Entre otros aspectos se menciona en el artículo 43, fracción XI las obligaciones de los titulares, entre los que destaca:

Cumplir con las condiciones especiales de seguridad y salud de la norma oficial mexicana en materia de teletrabajo.
Determinar la naturaleza y características del desempeño, así como establecer el monto del salario, fecha y lugar o forma de pago.
Estipular los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes de las actividades, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos legales.
Supervisar el trabajo garantizando el derecho a la intimidad de las personas bajo la modalidad de teletrabajo, y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales.
Respetar el derecho a la desconexión de los empleados en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral.
Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.
Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de los empleados en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellos que cambien de la modalidad presencial.
Asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.
Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas en la modalidad de teletrabajo.
Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social.
Observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral.

En suma, acorde a los cambios que ha dejado la pandemia, se busca facilitar al trabajador el dedicar más tiempo a la familia y participar en tareas como el cuidado de los hijos, ancianos o personas con alguna discapacidad; así como reducir el estrés que causan los desplazamientos entre casa y oficina, al tiempo de disminuir riesgos de trabajo, bajar la contaminación y, en general, evitar costos económicos al país y en la salud de la población.