Por Alejandro Díaz.- Sin duda las pérdidas de las empresas productivas del Estado (PEMEX y CFE) acaparan la atención pública por los recursos que demandan del presupuesto federal, pero las pensiones no deben de olvidarse (500 mil millones más 135 mil millones del presupuesto federal). Mientras las pérdidas de la primera empresa el año pasado llegaron a 481 mil millones, las de la segunda fueron de 79 mil millones; ambas juntas son menores que el monto actual de lo que se paga este año en pensiones.

Sin duda el gobierno ordenará hacer un esfuerzo por disminuir las pérdidas de sus empresas favoritas pero las pensiones no dejarán de crecer. Si el esfuerzo para reducir esas pérdidas no se hace en forma efectiva pronto y rápido, seguirán demandando recursos y limitando obra pública (el año pasado las pérdidas requirieron casi el 18% del presupuesto). Con esas pérdidas y con la demanda para cubrir pensiones está comprometido casi el 38% del presupuesto federal por lo que no extraña que la inversión pública esté por los suelos. Como además ésta está dedicada a proyectos faraónicos y no a escuelas, caminos, obras viales o hidráulicas su impacto para detonar empleo es mínimo.

Con poca visión se ha inhibido toda obra pública que no sean los proyectos favoritos del inquilino de Palacio. Él quiere pasar a la posteridad como el cuarto transformador, pero va a pasar sin haber podido construir ninguna obra pública importante. No va a terminar con éxito ninguna de las que ahora impulsa, pero tampoco escuelas, hospitales u obras viales útiles para el país. Va a pasar sin dejar huella como no sea dividir absurdamente a la ciudadanía. Su incapacidad de confiar en otros más capacitados que él le impide avanzar a su gabinete. Lo ha convertido en un fracaso peor que el combate a la corrupción que tanto presumió.

Por supuesto que el gobierno seguirá dedicando recursos a sus proyectos favoritos y desperdiciando otros tantos para cubrir las ingentes pérdidas de las paraestatales. Pero más temprano que tarde se dará cuenta que no atendió lo esencial: llevar a cabo obras públicas que beneficien a la población, y se lo recordarán en las siguientes elecciones.

Su intento de ganarse a la población con dádivas semipermanentes no le resultó efectiva. Fue evidente que a pesar de los miles de millones que supuestamente “invirtieron” de recursos públicos no sólo no lograron atraer más votos, ni siquiera pudieron conservar la mitad de los que obtuvieron en 2018.

Con una serie de triquiñuelas logró tener a su disposición los recursos de fideicomisos establecidos (cuyos recursos seguirán siendo necesarios, pero que ahora tendrán que salir de la bolsa presupuestal) y de alguna forma ha manifestado que requiere contar con los de otros orígenes como los excedentes de Banco de México y las AFORES. Atentar usar ambas puede ser catastrófico pues en el primer caso afectaría la estabilidad del tipo de cambio peso/dólar y en el segundo alterará la confianza (especialmente de los jóvenes) sobre su futuro. Ambas incertidumbres serían devastadoras.

El gasto corriente lo ha restringido absurdamente pretextando el combate a la corrupción. Pero ahorrar en algunos rubros, en especial el de mantenimiento de equipos y el recorte a investigadores y becarios se van a resentir profundamente aún sin que sucedan “incidentes” tan graves como el de la Línea 12.

México nunca ha destacado como un país de científicos aunque haya personas que aspiran seriamente a serlo, por lo que cortar los recursos que servían para prepararlos mejor nos condena a un atraso no sólo científico sino también tecnológico y que nos impedirá progresar adecuadamente en los años por venir.

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