Pronto se cumplirá medio siglo de que la Constitución definió a los partidos políticos como “entidades de interés público”. De esta definición se puede desprender que lo que ocurra al interior de los partidos no sólo es de la incumbencia de sus dirigentes y militantes, sino que en general atañe a toda la sociedad. Claro, desde luego en mayor medida a aquellos, dirigentes y militantes, pero también en general debe interesar a los ciudadanos todos. Con mayor razón si el que adolece de graves fallas, por llamarlas de alguna manera, no es sólo tal o cual partido sino el sistema mismo de partidos.

Precisamente es el caso de México. Lo prueba el hecho de que los partidos en general, cual más cual menos, registran ante la opinión pública altos índices de desaprobación. Son mal vistos y se desconfía de ellos.

Pero no todo el tiempo fue así. En el pasado algunas formaciones políticas gozaban del reconocimiento y respeto ciudadano. En especial el partido que nos ocupa. Durante años éste sostuvo su creciente actividad con el producto de sus sorteos semanales de automóviles, cuyo boletaje se colocaba a lo largo y ancho del país. Algún editorialista de entonces acostumbraba llamar a este medio de financiamiento partidario “el plebiscito semanal de las rifas”. Un buen número de los premios jamás era reclamado por el público. Clara señal de que el comprador de boletos los adquiría no tanto con el ánimo de sacarse un coche sino de apoyar al partido. ¿Sería exitoso hoy este medio de financiamiento, es decir, serían muchos los mexicanos dispuestos a comprar boletos, como en el pasado? Difícilmente.

El documento suscrito por los mil panistas referido al inicio plantea cinco puntos de importancia prioritaria, cuyo análisis ha de hacerse a la brevedad, con serenidad y ánimo autocrítico. Y propone también cinco exigencias que deben ser atendidas cuanto antes.

Entre los puntos planteados se encuentra uno inicial que propone la necesidad de hacer una evaluación objetiva de los resultados obtenidos en la última elección, toda vez que –contra lo que se dice— “no fueron los esperados”, así como revisar la estrategia de coalición porque ésta “adoleció del consenso suficiente entre la militancia [no entre los consejeros nacionales], por la escasa difusión de los términos y alcances de los compromisos contraídos y por el malestar que causó ver postulados como candidatos de Acción Nacional a priistas de los llamados impresentables”.

El segundo plantea hacerse cargo de una realidad: la toma vertical de decisiones y la postulación de candidatos por designación –ya como regla general– y en función de “una cofradía de interés”, lo cual “ha acarreado terribles consecuencias”.

El tercero se refiere al reiterado abandono de las prácticas democráticas al interior de la organización, que ha hecho al partido “perder su vigor al rendirse al autoritarismo de quien ejerce el control corporativo”.

El cuarto punto señala las actitudes de exclusión y el maltrato institucional que ha generado una realidad inocultable: el alejamiento de militantes de valía, a quienes es necesario convocar para que “se reintegren al partido lo antes posible”, que vuelvan “a la que siempre fue su casa”.

Como quinto punto se propone la creación, por el Consejo Nacional, de una Comisión Especial que trabaje, en los términos de los puntos anteriores, en un proyecto de reestructuración integral del partido.

Las cinco acciones que se propone realizar son: 1) un amplio debate sobre la situación del partido “en la histórica costumbre democrática de Acción Nacional”; 2) prestar atención urgente a las denuncias de corrupción; 3) una “auditoría puntual, satisfactoria y confiable al padrón” interno; 4) que el nombramiento del coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados “recaiga en una persona de acreditada solvencia moral e incuestionable reputación y buena fama pública, que además cuente con las capacidades que tal cargo exige”, y 5) la integración de un “programa mínimo de acción desde lo local”.

Por el bien del sistema mexicano de partidos es altamente recomendable que las demás formaciones políticas lleven a cabo, en consonancia con su propia realidad, un ejercicio similar. De no hacerlo, el riesgo es que colapse el sistema de partidos, y sin partidos genuinos no puede haber verdadera democracia.