Marcos Pérez Esquer.- Este domingo se celebrará la que es, formalmente, la primera consulta popular en México. Es una pena que este ejercicio inaugural de democracia directa sea en realidad una tomadura de pelo. Muy mala manera de arrancar el uso de lo que, en principio, debería ser un mecanismo útil para que la población se exprese sobre aspectos importantes de la vida pública.

Para entender el hecho de que se trata de un ejercicio anodino y de mera manipulación política, basta leer de nuevo la pregunta respecto de la que el electorado habrá de pronunciarse por el sí, o por el no.

Veamos: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Además de ser un galimatías, la pregunta reviste una ambigüedad inconcebible. Vamos por partes: ¿Cuáles son las “acciones pertinentes”? ¿podría consultarse la toma de acciones fuera del marco constitucional y legal? de ser eso imposible (como lo es) ¿por qué preguntar si en su caso sería con apego a la Constitución y la ley, si eso es siempre obligatorio? ¿en qué consiste ese “esclarecimiento”? ¿cuál es ese “proceso”? ¿un proceso penal? ¿una comisión de la verdad? ¿una investigación histórica? Pero además ¿a qué “decisiones políticas” se refiere? ¿a todas? ¿algunas? ¿cuáles? ¿y quiénes son los “actores políticos”? originalmente se hablaba de los ex presidentes, ¿pero qué debemos entender ahora por “actores políticos”? ¿incluye a gobernadores, secretarios de Estado, legisladores, ministros, dirigentes partidistas, etc.? ¿cuántos son los “años pasados”? ¿200? ¿el mal llamado periodo neoliberal? ¿lo que va de este siglo? ¿incluye los primeros años de gestión de López Obrador? ¿es el propio López Obrador uno de esos “actores políticos”? y, sobre todo, si de garantizar la justicia y los derechos de víctimas se tratase, lo que menos se requeriría sería una consulta, lo que habría que hacer es una investigación a cargo de la Fiscalía, y presentarla a un Juez.

Es decir, si hay elementos para juzgar a un ex presidente -o a quien sea-, simple y sencillamente hay que hacerlo, hay que juzgarlo con apego a la ley. Una consulta es absolutamente innecesaria para ello. Pero, por otra parte, si no se han encontrado elementos para abrir una carpeta de investigación, simple y sencillamente no se puede juzgar a nadie, aunque una consulta diga lo contrario.

Y aquí salta un asunto importante: en el poco probable caso de que la consulta cuente con la participación de más del 40% de la lista nominal de electores (algo más de 37 millones de personas) el resultado devendrá vinculatorio, pero, ¿a quién le obligaría?, y más aún ¿a qué le obligaría? Y si por el contrario la consulta no alcanza ese 40% de participación, ¿aún así se le tomaría en cuenta como un resultado “indicativo” para hacer “algo” al respecto? ¿es eso válido? Y si en algún momento se encuentran pruebas contra Peña Nieto por ejemplo, y la consulta concluyó en no vinculante, o en un mayoritario “no”, ¿ya no se le juzgaría?

Hizo bien la Suprema Corte en negarse a aprobar la pregunta que originalmente había redactado López Obrador, porque, al mencionar nombres concretos, violaba los derechos humanos de los aludidos, y eso está expresamente prohibido por la Constitución; pero mal hizo la Corte, al reformular la pregunta; primero, porque no le corresponde, no hay disposición alguna que le de atribuciones para reformularla. Si la Corte encontró que la pregunta era inconstitucional, simplemente debió rechazar la consulta y punto, esa es su única y muy clara atribución al respecto; y segundo, porque reformulándola, la enredó de esta increíble manera. Todo por no decirle que no, al residente de Palacio Nacional. Y por ese temor, por ese sobajamiento de la Corte ante el presidente, habremos de celebrar una consulta absurda, inútil, y dispendiosa, sí, dispendiosa; en un gobierno que se ufana de austero, se tirarán a la basura más de 500 millones de pesos en esta necedad.

Termino por donde empecé, es una pena que este primer ejercicio de democracia directa sea utilizado para engañar a buena parte del electorado, haciéndole creer que realmente se le está preguntando algo.

Ojalá este precedente no termine por desprestigiar de manera irreparable la figura de la consulta popular; sería un factor ralentizante más en el proceso de consolidación de nuestra democracia.