Esther Quintana.- El acto mínimo de urbanismo, nos decía uno de mis maestros en la preparatoria, es saludar, hoy día eso ya no es así. A las nuevas generaciones les va pasando de noche. Y con la pandemia pues se acabó de rematar, derivado de que llevamos media cara tapada. Bueno, no todos. Y ahí hay otro tema… Hay quienes no quieren ponerse el cubrebocas, igual que la vacuna. Carajo, discúlpeme la expresión… Si a uno se lo cargara la parca, pero nada más a uno, o viviera en una isla con la única compañía de su alma, pues qué más da usarlo o no, pero vivimos con otros, y el COVID y mutaciones son altamente contagiosos; todos los días hay muertos y contagiados. ¿Qué trabajo nos da seguir las medidas sanitarias? Entre ellas el uso del barbijo. Que vergüenza que se hayan tenido que implementar las multas por no llevarlo. Todo tiene que ser a la de la fuerza, porque está visto que por las buenas, por conciencia, no se nos da. ¿Y qué es la conciencia? Si usted busca el significado en un diccionario, tendrá definiciones, yo le comparto dos, una, la de conciencia a secas y otra la de conciencia cívica. Conciencia: Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Y conciencia cívica: Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. ¿Cómo ve? ¿Andaremos escasos? A ser ciudadano se aprende, igual que a escribir y a leer. Y en este país si escribir y leer deja mucho que desear, pues ser ciudadanos… uy… Hay quienes creen que serlo es tener “su ine” y hasta ahí fue. Ya con “su ine” pueden ir a la disco, comprar cigarros y el “pomo”, ah… y hacer trámites porque se usa como identificación. Si votáramos con conciencia ciudadana, otro gallo nos cantaba. Eso sí, mentamos madres entre cuatro paredes por la clase de leznas que se convierten en nuestros gobernantes. ¿Y qué con eso? Siguen llegando, y cada vez arriban más impresentables, de todos los partidos, porque ahí si esta pareja la cosa. La preparación y la honestidad “no venden”, no convencen electores, es más, son un verdadero incordio. Lo que cuenta es la “infraestructura” –así le llaman a la maquinaria de movilización, de compra de votos, de reparto de canonjías de toda laya, de complicidades, de pactos a modo, etcétera– del partido. Incluso en la pasada elección de junio se convocó a votar por los candidatos “mejor posicionados”, el llamado “voto útil”, sin importar el historial que los precediera. Es imposible ser ciudadano por decreto. A partidos y Gobierno los tiene muy sin cuidado educar para que lo sean. Las evidencias están a la vista. Y mientras eso no cambie, seguiremos siendo presa de vivales, de sinvergüenzas, de manipuladores, de toda esa bazofia que le ha desgraciado la vida a millones de mexicanos, y que no obstante semejante agravio, la gente sigue casada con ellos.

La farsa de la consulta del 1 de agosto y la que viene el próximo año con el pomposo nombre de revocación de mandato, le sirven al País para dos cosas: para nada y para nada. El que las promueve en nombre de la democracia participativa –¡ja, ja, ja, ja, ja, ja!– está en lo suyo, se promueve él. Sin importar la millonada que significa implementarlas. “Su austeridad” aquí se convierte en excepción. Por favor lea los artículos 81, 82, 84, 35 y 36 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por favor, por favor, entérese. El último párrafo del 84 se lo transcribo: “Si la revocación procede, después de la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), será la presidencia de la Cámara de Diputados la que asuma el control del Poder Ejecutivo y en un plazo de 30 días deberá nombrar a un presidente interino que concluya el sexenio, es decir el 30 de septiembre de 2024”. ¿Quién tendrá el control de la Cámara? Es una perversión. Ah… y si no sale a favor, la culpa la tendrá el INE. El costo será de 9 millones de pesos que salen del bolsillo de los que pagamos impuestos. Si el pasado 6 de junio los electores hubieran querido que se fuera López Obrador habrían votado por el contrapeso institucional al Poder Ejecutivo, pero no fue así.

Y como colofón, que porquería la lavada de manos del Gobierno Federal, ahora que los niños volverán a clases presenciales, para no cumplir con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que tiene por objeto “reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños”, transfiriéndola a los padres de familia a través de una “carta compromiso de corresponsabilidad”, que estos deben firmar. Esto es ser ruin.

Mexicanos, ¿de qué canijo material estamos hechos?