Marcos Pérez Esquer.- ¡A la cárcel inocentes, y a la calle delincuentes!, esa parece ser la máxima hoy día en este país.

Me sorprenden sobremanera las personas que ven bien que un inocente esté en la cárcel hasta que se demuestre su inocencia. Para cuando eso sucede, la realidad es que la sanción ya fue aplicada anticipadamente y por nada, bajo el eufemismo de que esa estancia en prisión no fue una pena sino una mera “medida cautelar”.

Lo cierto es que el daño es terrible y resulta irreparable, y en muchos casos incluso la vida ha quedado ya destrozada. Es el mundo al revés; es exactamente lo contrario al principio de inocencia que debería imperar a favor de todas las personas.

Esto sucede cotidianamente en México por la figura de la “prisión preventiva oficiosa”; esa a la que alude el artículo 19 constitucional que establece que cuando alguien es acusado de un delito de los ahí enlistados, se ordenará automáticamente la prisión preventiva hasta que se obtenga una sentencia absolutoria.

Desde mi punto de vista, no hay nada más injusto que eso. En tanto no se sepa si alguien es inocente o culpable, no tendría por qué estar encarcelado. Creo que, en todo caso, la prisión preventiva solo podría operar cuando el juez tenga elementos para suponer la culpabilidad y, además, el imputado represente un peligro para las personas. En ningún otro caso podría entender el encarcelamiento de alguien que todavía no ha sido encontrado culpable. Máxime que, ante una acusación como esa, el recurso de amparo no sirve para evitar la cárcel.

Pues sucede que eso es lo que AMLO le quiere hacer a Ricardo Anaya; acusarlo sin pruebas, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y con base en los meros dichos de un delincuente confeso que asevera cosas inconsistentes e inverosímiles.

Y claro que este delincuente confeso, Emilio Lozoya, declarará lo que al gobierno le venga en gana porque está sujeto a un criterio de oportunidad por medio del cual, si aporta información para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, puede conseguir la extinción de la acción penal en su contra, y en contra de su familia. Con esos incentivos perversos, cualquiera declara lo que le ordenen. La figura del criterio de oportunidad, siendo una buena idea para la persecución del crimen organizado, en manos de un tirano se torna en un arma terrible para la persecución política de sus opositores.

La acusación contra Ricardo Anaya, por ejemplo, contenía inconsistencias burdas que evidenciaban que el declarante mentía, como el hecho de decir que Anaya habría recibido dinero a cambio de su voto como diputado, cuando la fecha señalada como la de la entrega del dinero de ese supuesto cohecho, no corresponde con el tiempo en el que fue legislador, y de hecho, se trata de una fecha en la que Anaya ni siquiera se encontraba en México.

Sin embargo, cuando la Fiscalía se percató de estos defectos de la denuncia -que ante un juez imparcial la habrían hecho caer como castillo de naipes-, alteró el expediente cambiando algunas de las hojas para “arreglar” el asunto. Un uso mas faccioso de las instituciones, no lo puede haber.

Si tomamos en cuenta la gravedad de los delitos que se le imputan, las inconsistencias de la denuncia, la conducta facciosa de la Fiscalía, la información ventilada por al menos dos prestigiados periodistas -Raymundo Riva Palacio y Darío Celis-, en el sentido de que la judicialización del caso de Anaya habría sido por órdenes expresas de López Obrador, y el hecho de que hay otros presos políticos encarcelados, no cabe duda de que estamos atestiguando una nueva persecución política que intenta llevar a Ricardo Anaya a prisión, con el claro propósito de acallar a una de las voces más críticas que hay hoy en México, y descartarlo como aspirante a la presidencia en el 2024. Vamos, hasta imputaciones de carácter ideológico plantea ahora la Fiscalía.

Ah, pero en tratándose de otros casos nada importa, -y no me refiero ya a la famosa amnistía a favor de narcomenudistas, ni a las muestras de simpatía que el gobierno tiene con los cárteles-, sino a aquellos en los que los acusados pertenecen al círculo cercano del presidente; ahí ni las pruebas, ni los videos, ni los testimonios, nada vale, no hay manera de que se les moleste ni con el pétalo de un citatorio.

Cuando las denuncias van contra quien forme parte de la borregada presidencial, aunque las fechorías estén demostradas, no hay poder humano que las lleve a la justicia.

La 4T parece haber conseguido algo así como la “impunidad de rebaño”.

Lo dicho: ¡A la cárcel inocentes, y a la calle delincuentes!