Ciudad de México 15 de junio de 2022.- Lo ocurrido el pasado 10 de junio, cuando pobladores de la localidad de Papatlazolco, en el municipio Huauchinango, Puebla, conformaron una turba enardecida que en un linchamiento golpeó, quemó y asesinó al joven abogado Daniel Picazo González, es un síntoma de la descomposición social por la que atraviesa nuestro país.

Un Estado fracasa si es deficiente en un área tan sensible como resguardar con seguridad la vida y la integridad de las personas. Un Estado que no funciona es aquel que es incapaz de establecer un monopolio legítimo del uso de la fuerza física, y de proteger a sus ciudadanos de la violencia con la mediación del diálogo, la justicia y la ley.

Ante este asesinato tan lamentable, el Diputado Humberto Aguilar Coronado así como distintas legisladoras y legisladores de Acción Nacional, suscribieron un Punto de Acuerdo en el que exhortaron a los gobiernos del estado de Puebla, y del municipio de Huauchinango, a desplegar acciones inmediatas con el fin de investigar, perseguir y sancionar de manera expedita, pronta, completa e imparcial a las personas responsables del linchamiento del abogado Daniel Picazo González, así como a garantizar la adecuada reparación; oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva a sus familiares y demás personas con las que tenía una relación inmediata, lo que incluye la reivindicación de su buen nombre.

De acuerdo con una investigación hemerográfica realizada por Andrés Sánchez Pastén, para El Universal Puebla, Huauchinango registra nueve intentos de linchamientos en 24 meses y, como consumado, se registra el del abogado Daniel Picazo.

“En Puebla no es nuevo que se den este tipo de casos; en 1968 recordarán que hubo un linchamiento de jóvenes estudiantes; en el 2015, a unos encuestadores los confundieron y los lincharon; y ahora este caso tan lamentable, por eso, hemos pedido a la Mesa Directiva que se haga un pronunciamiento de la Comisión Permanente sobre el particular, y hemos pedido también que sea un minuto de silencio en su memoria”, expuso Humberto Aguilar Coronado en un encuentro con los medios.

El 29 de mayo de 2019, durante el interinato del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, la Secretaría de Gobierno de Puebla publicó el Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla que abrogó el de 8 de mayo de 2018.

Humberto Aguilar Coronado, señaló que el protocolo, si bien no es perfecto, tiene el mérito de existir y su contenido incluye profusos diagramas de flujo para ilustrar lo que se debe esperar del actuar de las autoridades tratándose de un flagelo que niega la civilización y exhibe la descomposición social y la incapacidad de las autoridades.

“Es una normatividad que no queda claro si no se conoce o existe indisposición deliberada para su aplicación. Lo que sigue ahora en el caso de Daniel es que sigan las investigaciones, con apego al debido proceso”, sentenció el diputado Humberto Aguilar Coronado.

Por otra parte, la Ley General de Víctimas dispone, en su artículo 26, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Señaló que un criterio de 2008 de la Comisión de Derechos Humanos de la hoy Ciudad de México, tratándose de medidas de reparación, se refiere a: daño material (daño emergente, lucro cesante, daño patrimonial al grupo familiar), daño inmaterial (reparación no pecuniaria, investigación de los hechos, derecho a la verdad), actos públicos de desagravio, preservación del buen nombre y derecho al honor, disculpa pública, proyecto de vida y reconstrucción del tejido social.

Además, la Carta Magna, en su artículo 17, señala que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

En conferencia de prensa, desde el Senado de la República, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, condenó este acto como atroz y señaló que “para las y los asesores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, con quienes compartió tiempo y espacio, se trataba de un joven conocedor a profundidad del derecho, además de una hombre confiable, librepensador y servicial.”

“Solamente tenía 31 años. Es motivo de profunda condena que la violencia en México haya cobrado la trágica muerte de un joven como Daniel. Esto es algo que ni la sociedad ni las autoridades podemos volver a permitir; no pueden existir nuevamente imágenes de jóvenes inocentes o de cualquier persona inocente caminando en la oscuridad, y que alrededor de casi 30 criminales le asesinen.” señaló la Diputada Joanna Felipe Torres.

La Diputada acompañó la exigencia de justicia al gobierno de Puebla, a la Fiscalía General de Justicia y solicitó también que se informe de manera inmediata qué acciones preventivas se están realizando, para evitar más actos atroces y más homicidios como el que pasó Daniel Picazo.

“Sabemos que la Fiscalía ya emitió un comunicado, en el cual cinco personas han sido aprehendidas, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que todos aquellos que participaron en este cobarde asesinato estén tras las rejas”, sentenció la Diputada Felipe Torres.

Finalmente, desde el Pleno de la Comisión Permanente, los diputados panistas, además exhortaron:

Al gobierno del estado de Puebla a publicar, en acuerdo y con la participación de sus familiares, en los medios y redes de mayor difusión en la entidad, una nota en tamaño y sección suficientemente visibles, para reivindicar y restituir su buen nombre.

Y a la Fiscalía General del estado de Puebla a informar, con las restricciones constitucionales, convencionales y legales, sobre el debido proceso, los avances en la investigación de tan penoso acontecimiento.

“Daniel Picazo González era talentoso, crítico, instruido, conocedor del Derecho, con estudios superiores en el extranjero. Fue martirizado y golpeado brutalmente por una horda de personas que actuaron en masa y con la expectativa de salir impunes. Insistimos: su familia merece reparación del daño y la reivindicación de su buen nombre”, concluyeron los legisladores del PAN.

El Pleno de la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria de Daniel Picazo.