La situación que estamos viviendo en México a partir de la amenaza de la presidenta de la República, y de la mayoría oficialista en el Poder Legislativo, en el sentido de que no acatarán una resolución de la Suprema Corte que ponga freno a los excesos de la reforma judicial, nos acerca con sumo peligro a una crisis constitucional.

Al respecto muchos juristas han estado advirtiendo sobre lo grave que sería esa crisis. Tal concepto, empero, no le es familiar a mucha gente. Sufrir una crisis constitucional no es algo cotidiano. Nuestra generación jamás ha vivido una, así que vale la pena poner en claro de qué se habla cuando se habla de crisis constitucional. Podría decirse que una crisis constitucional ocurre cuando hay una disrupción significativa en el funcionamiento del sistema constitucional de un país, de tal forma que se cuestiona la legitimidad de sus normas y autoridades. Esta crisis puede manifestarse cuando los poderes del Estado entran en conflicto sobre sus competencias, cuando un actor político desafía el orden constitucional o cuando surge una falta de consenso en torno a la interpretación de la Constitución.

Algo que suele detonar crisis constitucionales es justamente la desobediencia de las autoridades administrativas a las resoluciones judiciales. Como es bien sabido, el Poder Judicial no cuenta con una fuerza pública -policiaca o militar-, para hacer cumplir sus resoluciones. El cumplimiento de las sentencias por parte de las autoridades ocurre a partir del convencimiento de la comunidad de que solo así viviremos en un estado de derecho y en un orden democrático. En este sentido, desacatar las resoluciones judiciales se vuelve algo impensable… salvo que sobrevenga una crisis constitucional.

López Obrador siempre fue renuente a acatar resoluciones judiciales. Desde que fue Jefe de Gobierno tuvo problemas por su consistente desprecio por la ley. De hecho, fue el desacato a una suspensión lo que lo llevó al desafuero de 2005. Como presidente también ignoró múltiples resoluciones, entre ellas las que frenaban la construcción del Tren Maya por el ecocidio que implicaba, por ejemplo, o la que le ordenaba adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad como lo mandata la Constitución. Sin embargo, nunca estiró tanto la liga como para que se rompiese. Lo que hoy llama la atención es la radicalización de esa postura por parte de Sheinbaum.

Primero, no acató la resolución de una jueza de amparo que le ordenó bajar del Diario Oficial la reforma judicial. Para “justificarse”, le preguntó al Congreso si debía acatar la resolución judicial o no, a lo que la mayoría morenista le respondió que no, claro. Dicho en otras palabras, pidió permiso para delinquir, porque el desacato judicial es un delito, y el Legislativo, sin atribución alguna, se lo otorgó.

Ahora, amenaza con desacatar la resolución que ha proyectado el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para ponerse a consideración del Pleno de la Corte el próximo martes, que propone declarar parcialmente inconstitucional la reforma judicial. El togado encuentra que, al menos en tratándose de jueces y magistrados, la masividad de la elección impide un análisis mínimamente razonable por parte del electorado, por lo que el ejercicio devendría en una simulación antidemocrática. Por lo que hace a los propios Ministros, si bien la elección no sería masiva, lo que la hace operativamente viable, ello no deja de ser cuestionable al echar por la boda el principio de independencia judicial, sin embargo, no quiso pronunciarse al respecto para no auto juzgarse, así que prefirió avalar esta parte.

El punto es que, si Sheinbaum y el Congreso no acatan esta posible sentencia que podría pronunciarse el martes, tendremos una suerte de doble constitución. Por una parte, la que el oficialismo diga que es la buena, y por otra parte la que la Suprema Corte considera válida. Obviamente corresponde a la Corte la última palabra en estas cuestiones, pero si por la vía de los hechos la presidenta y sus huestes desobedecen, entraremos en crisis constitucional. Se cumplen todos los parámetros: 1) Conflicto entre poderes, por diferencias en la interpretación de la Constitución, y por sobrepasar, el oficialismo, los límites de sus funciones; 2) Desobediencia a resoluciones judiciales; 3) Ruptura constitucional por reforma ilegal, ya que se aprobó la reforma judicial sin cumplir con el principio de debida deliberación, y 4) Pérdida de legitimidad de las instituciones, por la falta de confianza del público que se divide entre quienes repudian al Poder Judicial, y quienes repudian al oficialismo. Espero que todo esto no se concrete; sería la revelación de que México ya no vive más en un régimen democrático, ni en un estado de derecho.