Toluca, México.- La diputada local del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura Local, María Fernanda Rivera Sánchez presentó una iniciativa que busca reconocer el derecho que tienen los jóvenes infractores de la ley, a que se les capacite e incluya en el campo laboral como parte de su proceso de reinserción a la sociedad.

La iniciativa de decreto presentada por la legisladora del PAN, propone adicionar el artículo 10 Bis de la Ley de la Juventud del Estado de México a fin de beneficiar a los jóvenes infractores en proceso de reintegración social a fin de ampliar sus oportunidades de desarrollo laboral.

La diputada emanada de Acción Nacional, Fernanda Rivera explicó que “la reinserción social vista desde el enfoque laboral ve al sujeto en sociedad como un eslabón funcional de la misma, por tal motivo se deben buscar los mecanismos que impulsen a los jóvenes infractores a incorporarse al sector productivo de la sociedad, que les garantizará un salario y servicios de salud”. 

Fernanda Rivera subrayó que “a nivel nacional, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó en 2014, una tasa de desempleo de 4.9 por ciento, equivalente a 2 millones 539 mil 69 desempleados, mientras que para los jóvenes de 14 a 29 años la tasa de desocupación se ubicó en 8.3 por ciento, es decir, un millón 349 mil jóvenes; siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Durango, Tabasco y Aguascalientes, las cinco entidades que reportaron las tasas de desempleo más altas para los jóvenes”.

La diputada local del PAN, Rivera Sánchez enfatizó que “al segundo trimestre del 2016, la entidad mexiquense registra 399 mil 600 personas desempleadas, de las cuales, 56 mil 486 son jóvenes entre 15 y 19 años y 148 mil 533 se encuentran entre los 20 y 29 años de edad”.

La panista Fernanda Rivera mencionó que en la entidad, el número de adolescentes -entre los 12 y los 18 años- inculpados en algún delito asciende a 3 mil 520 personas, cifra que aumenta cuando las edades van de los 18 a los 29 años de edad, lo que representa a 83 mil 584 jóvenes.

En este sentido, sentenció que “el trabajo se entiende como un eje de la integración social, razón por la cual el Estado debe velar porque los jóvenes infractores puedan reintegrarse a la sociedad, reconociéndoles su derecho al trabajo como parte de  este proceso, que a futuro les permita encontrar un modo honesto de subsistir”.