Ciudad de México, a 23 de abril de 2020.- En estos momentos por la emergencia sanitaria en la que hay “muchas sombras y pocas luces”, es necesario buscar la unidad y la solidaridad nacional, sin que “nadie tenga la tentación de medrar con esta tragedia, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, durante el foro virtual “Derecho a la información en México frente al COVID-19”.

Señaló que nuestro país actualmente enfrenta cuatro crisis: la primera, la de las instituciones y el espíritu; la segunda, la de la pobreza y la desigualdad; la tercera, la de la violencia e inseguridad y la cuarta, la corrupción que va de la mano de la impunidad.

Al referirse a este último punto, afirmó que la corrupción sí se puede vencer, pero para ello hay que rescatar la ética individual, la ética política y la ética de un país que está en busca de soluciones.

Romero Hicks lamentó que la política esté muy desprestigiada, precisamente, por culpa de los políticos, pero también por la ausencia de la ciudadanía.

“Es el tiempo de la ciudadanía. Si la ciudadanía no actúa hoy, nos veremos en el escenario tardío. “También hay que reconocer que en ocasiones los políticos no representamos y nos tenemos que poner en una perspectiva de mucha autocrítica y de mucha humildad”, indicó.

El coordinador parlamentario aseguró que hoy la política no es solo de los partidos, gobierno o funcionario, es de todos, pero el protagonista principal es el ciudadano.

“La política nos convoca a todos nosotros y el actor estelar de la democracia no son los partidos, no son las ideologías, es el ciudadano, es el que paga y es el que manda”, afirmó.

Durante el foro virtual, en el que participaron Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex; María Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción; Edna Jaime, directora Ejecutiva de México Evalúa; Sofía Charvel, profesora del departamento Académico de Derecho del ITAM y Fabiola Navarro, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; frente a la pandemia del coronavirus, los ponentes concluyeron:

• Se requiere mayor control sobre la información que da el gobierno federal.

• Fortalecer el marco legal para evitar mayor discrecionalidad en las compras directas, lo que conlleva más corrupción.

• Se requiere mayor rendición de cuentas, tarea más importante de un ciudadano.

• El papel del Congreso es fundamental en este momento para un mayor contrapeso y control del Ejecutivo.

• Se deja de rendir cuentas sobre quién se contrata y cómo se contrata, eso no puede seguir pasando.

• Se requiere mayor control sobre el Ejecutivo para que la corrupción se combata efectivamente.

• Se recomienda que los legisladores impulsen la creación de un Consejo Fiscal para un mayor control del ejercicio del presupuesto por parte del Ejecutivo.

• La reducción de los salarios y eliminación de prestaciones de los servidores públicos es una violación a la Constitución y a la Ley. Ello representa disminución de capacidades en los ejecutores en coyunturas como la que se está viviendo.

En su ponencia, el especialista en temas de integridad y combate a la corrupción, Max Kaiser, aseguró que, en la emergencia sanitaria, la mala información pone en riesgo la vida y la salud de los mexicanos.

Agregó que no se está informando en qué se están utilizando los recursos y cómo se gastan; aunado a que se están realizando adjudicaciones directas.

En los términos en los que están proponiendo reformar la Ley de Adquisiciones representa un gran riesgo de corrupción, advirtió.

En su oportunidad, la también académica del CIDE, María Amparo Casar, afirmó que el gobierno federal ha actuado con opacidad y las instituciones de salud han sido omisas a la solicitud de información, y tampoco hay un censo de materiales hospitalarios desde 2018 para la toma de decisiones.

Dijo que a pesar de que México tuvo información previa a la pandemia no se actuó a tiempo y el gobierno sigue operando con discrecionalidad y corrupción. Se les ha permitido, por conveniencia, a empresas de acero, cemento y vidrio que sigan laborando para que se puedan continuar con obras como la del tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

Hay un abuso de las adjudicaciones directas en esta administración. Con un 80% de adjudicaciones directas con cifras oficiales, precisó.

Edna Jaime, de México Evalúa, propuso crear un Consejo Fiscal y adoptar mecanismos que permitan “prender las alarmas”, cuando comience el subejercicio gubernamental.

Sofía Charvel, Doctora especialista en Derecho a la Salud, refirió que hay contradicciones en actividades esenciales y no esenciales.

Destacó que la falta de institucionalidad provocó una respuesta tardía frente a la pandemia, lo que genera “no estar preparados en capacitación, insumos, ni en una respuesta organizada”.

Al no existir una rectoría frente a las acciones de mitigación, hay una desarticulación en el país. “En situación de emergencia no deben decidir los estados de forma específica sus estrategias, sin contar con un punto de partida común, sentenció.

Mientras que Fabiola Navarro, académica de la UNAM, apuntó que hay ausencia de información y el Gobierno Federal tiene una pésima forma de comunicar.

La crisis no es solo sanitaria, agregó, el gobierno debe hablar de ¿cómo garantizar los cuidados y como garantizar el derecho a la salud? ¿qué medidas excepcionales habrá en lo económico, lo laboral y cómo se atenderán sus efectos futuros en toda la población?, tiene la responsabilidad de informar cómo va a actuar ante estos escenarios y no lo ha hecho.