No conforme con la destrucción del Poder Judicial para sustituirlo por uno a modo, el oficialismo ahora va por siete organismos constitucionalmente autónomos.

Se trata del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

De acuerdo con el proyecto, salvo en el caso del Coneval cuyas funciones se transferirán a otro organismo autónomo como lo es el INEGI, en el resto de los casos, las funciones se trasladan a instancias del Ejecutivo, es decir, al control central de la presidencia de la República.

El INAI por ejemplo, sería absorbido por la Secretaría de la Función Pública, ahora denominada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, salvo la parte tocante a los Poderes de la Unión cuyas contralorías internas asumirían la función de la transparencia, así como sus equivalentes en las entidades federativas. La parte de protección de datos personales sí quedaría centralizada en el Ejecutivo federal.

Las funciones del IFT pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en tanto que la CRE y la CNH pasarían a formar parte de la Secretaría de Energía. La Cofece por su lado, sería absorbida por la Secretaría de Economía, y la Mejoredu por la Secretaría de Educación Pública.

El proyecto que se discutirá en la Cámara de Diputados la próxima semana, dictamina la iniciativa presentada el 20 de febrero por López Obrador, misma que basa la justificación de la extinción de estos organismos en el supuesto ahorro presupuestario que implicará. Ese solo dato, demuestra la hipocresía de la propuesta, porque en el propio dictamen se ofrece la información que revela que en 2024 esos siete organismos costaron 5 mil millones de pesos, cuando, al mismo tiempo, en estos días, nos enteramos de que el innecesario proceso electoral extraordinario que se llevará a cabo el año próximo para elegir a las personas juzgadoras, costará la friolera de 13 mil millones de pesos. Sí, por increíble que parezca, será el proceso electoral más caro de la historia, y también el más prescindible, porque no había necesidad de hacerlo. Esa solo decisión, costará casi el triple de lo que cuestan los siete organismos autónomos.

Pero además, hemos de tener en cuenta que las funciones de estos organismos, como ha sido aclarado, se transferirán a otras áreas del gobierno, lo que significa que en realidad esos 5 mil millones no se ahorrarán, sino que serán ejercidos por otros funcionarios, los funcionarios del Poder Ejecutivo.

Lo cierto pues, es que ni habrá ahorro, ni les interesa el ahorro, lo que les interesa es la concentración del poder. Les incomoda que existan entes que no se les subordinen, ese es el punto. Todo lo demás es puro cuento.

De todos ellos, el que más me preocupa es el INAI, porque este instituto protege dos derechos humanos muy concretos, el derecho a la información -que incluye la transparencia y la libertad de expresión-, sin el cual no es posible una sociedad moderna, y el derecho a la privacidad y protección de datos personales, sin el cual no es posible mantener nuestra intimidad como individuos.

Así, la transparencia de la información gubernamental por su parte, es solo una faceta de lo que garantiza el INAI, una faceta importantísima sin duda, sin la cual una democracia plena simplemente no es viable, pero no deja de ser solo un aspecto de su importantísima misión. Este aspecto es crucial que no quede en manos del propio gobierno; sería juez y parte; todo lo que no le convenga ventilar, lo clasificará como confidencial o reservado, y olvidémonos de conocer más sobre el asunto. Volveremos al oscurantismo gubernamental.

Impulsada por el presidente Fox, hace 20 años, la llegada de la transparencia gubernamental fue vista como la tercera gran ola de la democratización de México; pues bien, ahora nos disponemos a dar un enorme salto hacia atrás.

La buena noticia es que no arrasarán con todos los organismos autónomos, subsisten la Fiscalía General de la República, la CNDH, el INE, el Banco de México y el INEGI. La mala noticia es que los primeros dos ya están en manos de incondicionales del régimen, el INE cada vez más colonizado, y solo los últimos dos se medio salvan… por ahora.