Marcos Pérez Esquer.- Ya la semana pasada en este mismo espacio hablábamos del pernicioso Plan B del presidente López Obrador. Me refiero desde luego a su iniciativa de reforma a diversas leyes electorales que, tras la derrota parlamentaria sufrida por su anterior iniciativa de reforma constitucional en la materia, remitió en un berrinche a la Cámara de Diputados para desquitarse.

Pues bien, la mayoría oficialista en la Cámara baja aprobó y remitió la minuta al Senado de la República pero no sin antes hacerle unos pequeños ajustes. Hasta el propio presidente refirió que unos “duendes” habían hecho de las suyas cambiando ciertos detalles, y pidió a sus senadores corregir la plana.

Por increíble que parezca, los cambios introducidos por esos duendes (que por su colorido parecen ser los de Santa; unos verdes y otros rojos), vinieron a empeorar el proyecto. Y es que sí, siempre se puede estar peor. Si ya el plan presidencial era un bodrio legislativo, las modificaciones lo convirtieron en una bazofia. Berrinche… bodrio… bazofia, quizá por eso le llamaron Plan “B”.

Varias travesuras hicieron los duendes, pero una de ellas es la que llama mayormente la atención; se trata de la cláusula de la vida eterna; un artículo de la ley que permite que cuando dos o más partidos se coliguen para una campaña, en el convenio de coalición pacten cómo se repartirán los votos recibidos. Así, si la coalición la integra un partido grande, otro mediano y uno chiquito, pactan que al pequeño se le reconozca, tal o cual porcentaje de votos, digamos que un 6%. Con eso, ese partido garantiza no perder su registro porque “su votación” no será menor al 3% de la votación total.

Por eso se le llama cláusula de la vida eterna, porque no tendrán que recibir al menos ese 3% de votos para seguir con vida en el sistema de partidos, sino que les basta coligarse con otros para pactar su supervivencia ficticia, tal cual como si recibieran respiración artificial, y así seguir gozando del financiamiento público.

Se esperaba que el Senado, cual cámara alta, tuviera altura de miras y corrigiese el entuerto pero no, a propuesta del Partido Verde y del PT (de nuevo), la cláusula fue reincorporada al dictamen y aprobada por el Pleno.

Para cuando escribo estas líneas, el Senado acaba de aprobar esa basura del Partido Verde (mmm, berrinche, bodrio, bazofia, basura… tiene sentido) y ha regresado el proyecto a la cámara baja (bajísima). Ya veremos que sucede ahí en las siguientes horas.

Por lo pronto, el susodicho precepto, ubicado en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en su parte medular señala: “Los Partidos Políticos podrán postular candidatos bajo la figura de la Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los Partidos que decidan participar en esta modalidad. Los Partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

Si usted tiene ya cierta edad, recordará que antaño así sucedía, las coaliciones aparecían en un solo recuadro de la boleta electoral bajo un emblema común, lo que impedía saber cuántos votos aportaba cada partido a su alianza, y de ahí que tuvieran que pactar la distribución, pero en 2018 el Poder Judicial declaró inconstitucional esa artificiosa maquinación de la que abusaba toda la chiquillada partidista. Desde entonces, aunque se coliguen, los partidos aparecen con su propio emblema por separado, justo para saber cuántos votos obtuvo cada cual, y al candidato respectivo se le suman los sufragios.

Con ese antecedente judicial, quiero pensar que próximamente de nuevo se echará por tierra la famosa cláusula de la vida eterna, pero bueno, ya veremos.
Como sea, el problema mayor no se limita a esta cláusula, no, el problema es el proyecto en su integridad, porque debilita al árbitro electoral poniendo en riesgo la certeza de la elección, y reactiva –como ocurría hace décadas- al gobierno como protagonista electoral permitiéndole hacer propaganda gubernamental durante las campañas aniquilando la equidad en la contienda.

En fin, queda claro que esta reforma tiene dos grandes motivaciones: primero, el resentimiento contra una institución a la que Obrador le atribuye un imaginario fraude electoral en 2006, un fraude que no es mas que un mito fundacional de su falsaria narrativa política; y segundo, el propósito avieso de manipular la elección presidencial de 2024. Ese es el espíritu de la reforma, esos los verdaderos motivos: el rencor político y la codicia desmedida de poder.