Inmediatamente después de cada debate entre candidatos a cargos de elección popular, particularmente entre aspirantes a la presidencia de la República, se presenta una siguiente etapa conocida como “el posdebate”. Éste llega a adquirir tanto y aun mayor interés que el debate mismo.

Así, en torno al debate presidencial del domingo pasado, fueron más de una docena de posdebates que se realizaron, tanto a través de las principales cadenas nacionales de televisión como de otras plataformas. Tales posdebates se llevaron a cabo entre distinguidos miembros de la llamada comentocracia y también entre representantes de los candidatos presidenciales.

Absolutamente todos estos ejercicios posteriores suelen girar en torno a un solo punto: ¿Quién ganó el debate? Y cada participante argumenta lo que quiere –muy frecuentemente sin pies ni cabeza– para tratar de probar, obviamente desde su particular criterio y perspectiva, cuál candidato fue el triunfador.

No existe, ni remotamente, una fórmula para medir la buena –o mala– participación de los candidatos en un debate. ¿Qué elementos son los que han de tomarse en cuenta para realizar tal medición, es decir, para determinar al ganador? Obviamente deben ser varios los factores y no uno solo. En principio, debería considerarse como ganador al candidato que a raíz del debate incremente el porcentaje de potenciales votantes a su favor, con relación al que tenía antes del debate. Pero esto también es, a su vez, de muy difícil medición.

Ha de aceptarse, asimismo, por paradójico que parezca, que bien puede suceder que uno de los candidatos resulte claramente ganador de un debate y el número de potenciales votantes a su favor no se mueva. Aunque en general es de esperarse que sí se incremente, pero no necesariamente en la misma proporción.

En una situación similar, aunque no necesariamente igual, el célebre tratadista de los partidos políticos, Maurice Duverger, da cuenta de un brillante parlamentario inglés que se quejaba de que con sus intervenciones ante el Parlamento conmovía, en ocasiones hasta las lágrimas, a buen número de sus colegas, pero jamás obtuvo de ellos un solo voto a favor de su causa. Es probable que lo mismo suceda en el caso de los debates entre candidatos.

Entre los elementos a considerar para calificar la participación de cada candidato en un debate se encuentran –entre otros— los siguientes: Desde luego, la exposición ordenada, clara y bien articulada de sus ideas y propuestas; la elocuencia con que las exponga; su capacidad argumentativa y de persuasión, su habilidad para la esgrima al discutir con sus adversarios, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y a cada uno de estos elementos habrá que asignarles un determinado peso específico o ponderación. Lo cual es algo complicado.

Curiosamente, lo más fácil de medir e incluso de medir con precisión, es lo que menos toman en cuenta los analistas y la comentocracia. Se trata del apego que los candidatos deben tener a la plataforma política que, como requisito para postularlos, debió previamente registrar su respectivo partido ante la autoridad electoral.

En efecto, el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que el partido político postulante de candidatos a todo cargo de elección popular deberá presentar y obtener el registro ante el Consejo General del INE (artículo 44), dentro de los primeros 15 días de enero del año de la elección, “de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas electorales”.

Si en los debates un candidato hace propuestas no contenidas en la plataforma electoral de su partido, o diferentes y aun contrarias a ésta, un grupo de analistas nombrados por la autoridad electoral así lo debe dictaminar y señalar en un informe que rinda al respecto.

Será una forma de terminar con las improvisaciones, las ocurrencias y la charlatanería en que suelen incurrir algunos candidatos. Todo lo cual no sólo es una falta de respeto al electorado sino una manera de lastrar la vida política del país.

En la página del INE, los documentos que contienen las plataformas electorales para los comicios de 2024 de los siete partidos políticos nacionales suman 827 cuartillas. Ya es hora de que estos documentos, que ahora sólo sirven para cumplir un requisito y que nadie toma en cuenta, empiecen a tener alguna utilidad práctica. Como la que aquí se indica.