Juan Antonio García Villa.- López Obrador entró en pánico la noche del domingo 6 de junio de 2021. Esto ocurrió al conocer los resultados de las elecciones federales intermedias de ese año. Rápidamente cayó en la cuenta de que, contrario a lo que él daba por hecho, todo apuntaba a que bien podía perder las elecciones presidenciales de 2024. Y de inmediato, como quedó confirmado en los meses posteriores, diseñó una estrategia para tratar de evitar la catástrofe.

La concibió en al menos dos vertientes. Una, modificando las reglas de la competencia electoral, yendo de más a menos, de ahí lo de plan A y plan B, y simultáneamente lanzar una feroz campaña en contra de la autoridad en la materia, es decir, el INE, y marginalmente contra el Tribunal Electoral (TEPJF).

De esa manera, con tenaza en mano, para atacar simultáneamente en dos frentes y previa reforma electoral (que finalmente AMLO no pudo lograr en ninguna de sus dos modalidades, A y B) le sería posible aplicar con total impunidad el extenso catálogo de maniobras fraudulentas del viejo priismo, en el que se formó, para hacer ganar a sus candidatos a toda costa; y con la otra parte de la tenaza mantener sometida —por amedrentamiento— a la autoridad electoral, de acuerdo a una doble coartada: si finalmente logra que su candidata gane la Presidencia, decir que fue a pesar del INE, y si la pierde, como ahora vemos que es probable, alegar con estridencia que fue por el fraude electoral cometido con la complicidad del INE. Este juego perverso ya lo conocemos.

La segunda vertiente de la estrategia de López Obrador, ahora lo vemos con total claridad, consistió en anticipar los tiempos electorales. Es decir, adelantar en medio año todo lo relativo a las precampañas presidenciales, de la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección, como lo establece la ley, a los primeros días de junio.

¿Con qué propósito? Para hacer que quien finalmente será su candidata presidencial alcance mayor conocimiento público, porque fuera de la capital es prácticamente desconocida, lo cual obviamente haría difícil que voten por ella.

Al efecto López Obrador ideó una colosal simulación. Ordenó a Morena, su partido (no porque en el milite, sino por ser su dueño) a que convocara a un proceso para nombrar al titular de una fantasmal “Coordinación de la Defensa de la Transformación”, órgano inexistente en los estatutos de ese partido, bajo el entendido, según todo el mundo lo sabe, de que en realidad se trata de una burda farsa para ungir como candidata presidencial de Morena a la que ya tiene decidido el caudillo quien habrá de ser. Y punto, todo lo demás es mera parafernalia y burla, a la que dócilmente se prestan las otras cinco corcholatas.

Anticipar en casi medio año la precampaña presidencial significa violar abiertamente la ley. Colonizado el INE con los nuevos miembros de su Consejo General, incluida su nueva presidenta, no ha resultado difícil neutralizarlo. Por eso se ha visto tibio, como también el TEPJF, para impedir tan descomunal simulación y burla.

Y no sólo eso, sino que uno y otro, INE y TEPJF, han llegado al increíble extremo de dictar supuestas “medidas cautelares” para evitar ilegalidades, pero que en realidad no las evitan, porque más parecen tales medidas un prontuario de recomendaciones para hacer que la simulación sea bien hecha y, de ser posible, “perfecta”.

Bendecida la flagrante violación a la ley por la propia autoridad, ¿qué procede hacer? Si ya se combatió esa ilegalidad sin resultados, ¿es éticamente viable ser más papistas que el Papa?