La desaparición de un ser querido es quizá la peor experiencia en la vida. Hace unos años hubo quien desapareciera voluntariamente para no dar la cara con su pareja o familia pero ya son mínimos los casos por los métodos modernos de registro, como el CURP y en especial la credencial de elector.

Ahora en México sin la credencial del INE nadie existe legalmente. Sin ella sólo con gran dificultad se puede alquilar un departamento o un vehículo, abordar un avión, tramitar una tarjeta de crédito o abrir una cuenta bancaria. Todos podemos ser localizados gracias a la técnica a menos de que no tramitemos nada de lo anterior porque alguien lo impide, incluso definitivamente.

Entre más tiempo pasa desde que desaparece una persona crecen las probabilidades de que la desaparición sea definitiva. Las personas desaparecidas tarde que temprano se encuentran en fosas o en la morgue si no fueron reclutados como sicarios, esclavos o sexoservidores. Tan sólo uno entre mil regresa a casa por circunstancias no fáciles de precisar.

Llevar registros de desaparecidos es tarea ingrata, pero necesaria. Sus familiares demandan atención de las autoridades para localizarlos. Es en el 2006 que las autoridades comienzan a llevar un registro público de personas desaparecidas, con 267, número reducido que creció exponencialmente con el tiempo. Si la novedad del registro llevó a que más familias reportaran ausencias, también aumentaron por la exigencia de organizaciones civiles y partidos políticos que encontraron otro argumento para criticar al gobierno en turno.

Las desapariciones no las causan solamente los gobiernos (federal o estatal), también lo hacen las mafias, incluidas las de traficantes o incluso criminales que actúan en pequeñas bandas. El número ha crecido con los años por la mayor actividad criminal, pero también por la limitada acción policial que permite florecer la impunidad.

Investigar desapariciones no es sencillo, casi nunca hay suficientes pistas y los métodos criminales son difíciles de descubrir si no hay delaciones de por medio. Cuando en una ciudad aumentan las desapariciones, crece la impunidad y la inquietud ciudadana. Si aún en los casos de secuestro en los que se pide rescate es difícil encontrar al secuestrado, y a los responsables, cuando alguien es ‘desaparecido’ sin posterior petición pecuniaria o similar es aún más difícil.

Es muy fácil culpar a las instituciones del Estado de una desaparición, pero no tanto probarlo. El Estado está obligado a buscarlo, aunque sea para probar que no fue ordenado por autoridad alguna. Si el Estado no hace lo suficiente puede ser acusado de ordenar la desaparición.

Lo que sí es responsabilidad del Estado es llevar un registro de desapariciones, sin intentar desaparecer de su registro a ninguna de ellas pero sí disminuir la incidencia. La sociedad civil y los partidos opositores reclaman toda desaparición, y si el número de ellas crece, también subirán sus reclamos y el tono de las manifestaciones .

Mientras el actual inquilino de Palacio estuvo en la oposición no dejó de reclamar al gobierno en turno. Habló mucho de ‘los desaparecidos de Calderón: 17,371’ y de los ‘desaparecidos de Peña: 33,787’ pero ahora se molesta que se le reclamen los desaparecidos en este sexenio, 44,812, poco menos que la suma de los dos anteriores sexenios.

Pareciera que la cultura de la muerte se impone sobre las autoridades sin importar el partido de origen, pero el gobierno federal actual prefiere esconder las cifras, desapareciendo desaparecidos en sus cifras oficiales. No disminuyen las demandas por desapariciones ni aparecen los ausentes, sólo se maquillan las cifras. ¡No nos quedemos callados!