Ciudad de México 30 de abril de 2025.- El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado acompañó, en su mayoría, el dictamen que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, sin embargo, advirtió que no dará un cheque en blanco al gobierno federal.

“Acompañamos el dictamen, para que no haya pretexto sobre la falta de instrumentos y facultades del Ejecutivo para combatir exitosamente al crimen organizado”, afirmó el senador Francisco Ramírez Acuña.

No obstante, anticipó que las y los legisladores de Acción Nacional utilizarán todas sus facultades y capacidades de control parlamentario para “vigilar, evaluar y exigir resultados en nombre de una ciudadanía inerme a las amenazas, la extorsión, el cobro de piso, la trata de personas, el secuestro, la esclavitud o la muerte extrajudicial a manos de sicarios y matones, que han aprovechado la corrupción, la desorganización y la pasividad de autoridades para someter, infiltrar y sobornar funcionarios de los tres órdenes de gobierno, obligando a la complicidad, la inacción o el abandono de sus responsabilidades de proteger a las y los mexicanos del crimen organizado”.

Al fijar posicionamiento del GPPAN respecto al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, recordó que el sexenio pasado fue el más violento de la historia del país con un saldo de 200 mil muertos por homicidios dolosos, feminicidios y 70 mil desaparecidos

Por lo que urgió a encontrar encontrar la manera de poner fin a esta época aciaga en México, con una política de Estado que comprometa a todos a anteponer la vida, la paz, la tranquilidad y la seguridad a las diferencias político-electorales.

El senador por Jalisco enumeró una serie de puntos que debería contener la estrategia de seguridad como una partida especial para entidades federativas del país, a fin de que incrementen la plantilla de sus policías, tanto estatales como municipales.

La creación de un enlace entre la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial con las áreas de inteligencia de las fiscalías de los estados para aprovechar los sistemas, las bases de información, las plataformas y los recursos tecnológicos con que se cuente para la prevención, investigación y combate de los delitos, principalmente los de alto impacto.

La coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, para actualizar la distribución de los fondos federales.

Y finalmente, que todas las secretarías de Seguridad Pública cuenten con atribuciones y facultades de investigación del delito y persecución de delincuentes, conforme al artículo 21 constitucional.

“No estamos ofreciendo un cheque en blanco al secretario de Seguridad. Estamos entregando nuestro apoyo para que se hagan bien las cosas en materia de seguridad y se abandone de una buena vez por todas, la estrategia de abrazos y no balazos”, concluyó Ramírez Acuña.