Uno de abuso frecuente de funcionarios es colocar a parientes, en especial a sus hijos, en posiciones ventajosas. Si bien la ley previene que en el sector público no se contrate parientes en la misma oficina o bajo su mando, no impide que familiares usen sus relaciones o su influencia para hacer negocios a su amparo. Son conductas contra la ética, y contra las finanzas públicas; la sociedad las rechaza por abusivas.

A pesar de lo anterior, funcionarios de los tres órdenes de gobierno (y a veces también de la iniciativa privada) ignoran la ética, y muchas veces también las disposiciones legales para dar oportunidades a familiares. Incluso Presidentes de la República han caído en la tentación, el caso más conocido fue el del hijo de José López Portillo. Si bien asegura que su Secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, fue quien solicitó contratar a José Ramón López Portillo como Subsecretario, él defendió la nominación afirmando que su hijo era “el orgullo de mi nepotismo”.

En sí mismo, el nepotismo no es necesariamente perverso pero da pábulo a múltiples oportunidades de manejos sesgados en beneficio personal y familiar. Sin que tengan que tocar las arcas públicas se otorgan contratos fuera de concurso a precios superiores a los de la competencia. Sin duda así obtienen ganancias indebidas. Por eso ordena la ley la obligatoriedad de realizar obras mediante concursos transparentes, supervisados por entidades confiables. Aún así hay riesgo de abusos, pero éstos se minimizan.

Con la costumbre de este gobierno de cuarta de entregar obras fuera de concurso, sin supervisión adecuada y bajo sigilo de una supuesta ‘seguridad nacional’, se omiten todas las reglas anteriores. Esa opacidad permite enriquecerse ilegalmente a contratistas, funcionarios y a quien los conectó.

Esa estrategia se ha aplicado con afán en todas las obras insignia de este gobierno: Tren Maya y Tren Transístmico, varios aeropuertos, la refinería de Dos Bocas, la ‘súper farmacia’ y la compra de medicinas, etc. En todas se excedió lo presupuestado y en todas hay suma opacidad, garantizada por cinco años mediante decreto presidencial; varias siguen en construcción, y gastando, a pesar de haber sido inauguradas.

A estas alturas del sexenio es no sólo vox pópuli, sino también comentario repetido en medios electrónicos y múltiples editoriales, sobre la participación de hijos del inquilino de Palacio en varios proyectos de los mencionados. Poco a poco irán surgiendo pruebas porque los indicios son irrefutables. Sólo falta que el inquilino mencione a sus hijos como ‘el orgullo de mi nepotismo’ por cultivar relaciones de negocios, remedando a su símil. No está lejos la presentación de acusaciones documentadas para proceder legalmente contra ellos.

El inquilino de Palacio ni confirma ni desmiente los indicios. Denuncia filtraciones y las investiga… pero sólo las filtraciones, no el fondo denunciado. Se niega a aceptar que sus familiares estén implicados, distrae con otros asuntos y supone un complot más de los ‘conservadores’. Se dedica a administrar la crisis y denuncia que es otro ataque de ‘Guacamaya leaks’, similar al que sufrió la Secretaria de Defensa Nacional, dada a conocer en octubre de 2022.

Sin importar ya lo que diga, la percepción de que este gobierno es corrupto está creciendo, y en vez de intentar demostrar que no lo es, se mantiene denostando a comentaristas y a la prensa. En vez de hablar con la verdad, inventa nuevas mentiras con tal de no aceptar que casi todos sus hijos (y algunos otros parientes) son todo menos el “orgullo de su nepotismo”.