Por Alejandro Díaz.- Las denuncias ciudadanas recientes de abusos gubernamentales deben hacer trabajar duro a los diputados, tanto locales como federales, para darles sustancia. Tanto los gastos de las precampañas de las denominadas “corcholatas” como los apoyos a quienes vinieron a la marcha del 27 de noviembre. Los diputados deben analizar si hay cuentas abusadas desde el poder, incluso si vienen de “aportaciones a la causa”.

Una vez al año la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados (Federal) al igual que las correspondientes de cada estado presentan cada una un profundo análisis de los egresos e ingresos que se tuvo cada entidad. En años anteriores al darlas a conocer hay sorpresas, algunas no muy agradables para los gobernantes. Recordemos la que molestó al inquilino de Palacio sobre el costo real de la cancelación del AICM, el aeropuerto del Lago de Texcoco. Sus dictámenes incluyen, entre otros, los sobre-ejercicios de partidas presupuestales y la falta de comprobantes de gastos.

Ahora que se dieron los hechos mencionados en el primer párrafo, el próximo año serán muchas las entidades que estarán en falta porque siempre hay funcionarios comprometidos más con su partido que con la ley. No sólo debieron usar los recursos en los rubros precisos que se determinaron previamente, sino que están obligados a incluir comprobantes. Debe suponerse que el transporte, la comida y los apoyos a quienes asistieron al evento del 27 de noviembre no estaban previstos y seguramente se pagaron en efectivo de algún presupuesto oficial. Es tarea de los diputados encontrar las fuentes de donde salieron los apoyos que están disfrazados en distintas partidas sin comprobantes correctos.

No hay clara certeza de dónde provinieron esos fondos, pero dado las fuertes sumas empleadas y sabiendo las fechas en que se utilizaron organizando eventos o pagando espectaculares, bardas y transportes deben buscarse entre las muchas partidas utilizadas. Por supuesto que difícilmente aparecerán bajo los rubros utilizados sino encubiertos bajo partidas presupuestadas con otro fin, además de incluir comprobantes de dudosa procedencia o con muestras de alteración o de fabricación burda.
Incluso si los comprobantes parecen legítimos no por ello aceptarlos sin cuestionar; deben analizarse si esos documentos corresponden a eventos u obras reales y verificables. Fabricar comprobantes es muy recurrente en la administración pública y deben detectarse para ser denunciados; no sólo por abusos de leyes electorales y por el mal uso de fondos públicos, sino también por falsificación de documentos.

Evidentemente los eventos mencionados en el primer párrafo fueron financiados sin que fueran presupuestados y requirieron de grandes cantidades de dinero, que instancias gubernamentales tuvieron que desviarse para darle gusto al máximo líder. En menos de dos semanas hubo que organizar contingentes y prepararse para financiar sus necesidades: no sólo transporte, también comida y posible compensación personal. Dado el alto nivel de austeridad que el inquilino de Palacio demandó desde un inicio, estados y municipios no contaban con recursos sobrantes para destinarlos a otros usos. Aquellos que decidieron obedecer de inmediato siguieron la lógica del funcionario irresponsable: “hágase lo que se debe aunque se deba lo que se hace”.

Seguros de que si cumplían lo solicitado no serían llamados a cuentas por sus superiores del Poder Ejecutivo aunque no se cumplieran todos los requisitos de la Ley de la Administración Pública. Pero sólo algunos habrán pensado en la revisión de cuentas de las Contadurías del Poder Legislativo.

Los diputados que decidan entrar al trabajo que significa la revisión a fondo de la Cuenta Pública van a poder evidenciar el absurdo desperdicio de recursos. La sociedad se los pagará con creces.

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