Ciudad de México, a 20 de junio de 2021.- Es un error estratégico y conceptual querer militarizar la Guardia Nacional, después de que cuatro fuerzas políticas lograron, frente a MORENA y sus aliados, garantizar a los mexicanos un mando civil en este cuerpo de seguridad en nuestra Carta Magna. A diferencia de entonces, hoy existe una oposición crítica, propositiva, más fortalecida y dispuesta a rechazar los desatinos presidenciales.

Así lo aseguró el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks al recordar que el grupo de contención, integrado por el PAN, PRI, PRD y MC consiguieron una victoria trascendental en febrero de 2019, casi al inicio de esta administración: deslindarse de la pretensión de otorgar todo el poder a los militares cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional.

En ese febrero de 2019, agregó, el Congreso de la Unión decidió que la Guardia Nacional tendría una naturaleza explícitamente civil, más que militar y que estaría bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conformada por civiles.

Ese voto consensuado es lo que puso fin a intensas negociaciones legislativas relativas a la naturaleza de la Guardia Nacional y quién la controlaría. Fue una victoria de la Sociedad Civil, de los defensores de los derechos humanos, para limitar la influencia del ejército sobre estas fuerzas de seguridad, en donde siempre estuvo presente la advertencia de que, de no frenarlo, México iniciaría el camino hacia una mayor militarización de la vigilancia policial, en perjuicio de las libertades civiles.

En 2021 tenemos un país ensangrentado, un país que necesita soluciones que van más allá de partidos o ideologías, dijo Romero Hicks al asegurar que la propuesta del presidente, a unas semanas de iniciar los trabajos de una nueva legislatura reflejan el fiasco de su modelo por falta de gestión o, dicho en todos sus términos, por el fracaso en la ejecución.

En 2019, como ahora, la bancada panista advirtió de los alarmantes signos de violencia que hay y que, pese a los discursos triunfalistas del régimen no han cambiado; por el contrario, la seguridad pública empeoró con el deslinde de la federación a su obligación de brindar seguridad a las familias mexicanas.

Ahora que la mira del presidente se ha puesto sobre la Guardia Nacional, debemos aprovechar para evaluar sus resultados, no para entregar su organización a los militares, sino para que se analice con datos verificables la autonomía de gestión de los mandos castrenses, saber qué tanto se han respetado las capacidades locales para brindar seguridad a la población, así como la competencia de los delitos federales y locales.

Romero Hicks pidió no hacer caso a la distracción proveniente de Palacio Nacional y sí enfocar la atención para evaluar los marcos de colaboración, que no significan subordinación, en las atribuciones específicas en materia de seguridad pública entre los municipios, los estados y la federación.

En Acción Nacional estamos convencidos de la gran labor que llevan a cabo las fuerzas armadas y que su misión es la de salvaguardar la seguridad nacional y la paz en el país, mas no distraerse en el desempeño policial para el que existen instituciones especializadas.

La Guardia Nacional nos debe informar con mayor claridad sobre los procesos de reclutamiento, selección y pruebas de confianza, en lugar de estar pensando en incorporar sus elementos a las fuerzas armadas.

En Acción Nacional seguiremos insistiendo en que este modelo de la Guardia Nacional debe encontrar mayor coordinación e intercambio de actuación con las policías locales, mejorar sus protocolos y controles jurisdiccionales, pero sobre todo dar prioridad a los mecanismos de participación civil.

En suma, el Coordinador Parlamentario del PAN indicó que es un buen momento para hacer una evaluación integral y autocrítica de lo realizado por la Guardia Nacional en las poblaciones del país y saber cuánto se ha destinado por parte de la federación a fondos de seguridad pública en favor de los estados y los municipios, que son, al final de cuentas, el principal medio de contacto con los ciudadanos.