Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020.- Al sostener que el Poder Judicial Federal había sido el último reducto de la voluntad autoritaria que se respira en México, el Partido Acción Nacional emitió su votó en contra de la llamada reforma judicial porque debilita el federalismo, limita las controversias constitucionales, así como también, acota los recursos de revisión para los amparos directos.

Así lo estableció en la máxima tribuna de la Nación, la diputada Pilar Ortega Martínez, diputada panista y también presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, durante la discusión del proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

“Vivimos una regresión donde el Ejecutivo Federal hace lo que quiere y el Legislativo, controlado por su partido, levanta la mano para aprobar lo que le envía el Presidente sin leer de qué se trata el asunto”, precisó.

Ortega Martínez planteó que en el proceso legislativo se hizo la recomendación de llevar a cabo una amplia discusión nacional, con la máxima participación de Magistrados, Magistradas y Jueces actuales, y de sus asociaciones profesionales, así como otras categorías de la Sociedad Civil, para así asegurar que sus legítimas expectativas y preocupaciones se tomaran en consideración y se plasmaran en dichos procesos y proyectos.

Sin embargo, agregó, la Cámara de origen no solo no realizó esta gran discusión nacional, la verdad es que el proyecto que hoy se somete a consideración, es el proyecto de un grupo compacto, pero no de la Suprema Corte en su conjunto y muchos menos del Poder Judicial de la Federación.

“Si queríamos efectivamente fortalecer al Poder Judicial de la Federación debió incluirse un proceso más abierto y con más controles para la designación de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.

No se contempla un mejor proceso para la eventual renuncia de Ministras o Ministros, tampoco se fortalecen ni se busca apuntalar la autonomía de los poderes judiciales de las entidades federativas, una de las grandes deudas pendientes en materia de administración de justicia.

La presidenta de la Comisión de Justicia aseguró que en momentos como el que hoy vivimos, esta reforma resulta no apropiada y dijo que es una lástima que teniendo la oportunidad histórica de construir una reforma judicial a la altura de lo que hoy México necesita, este Congreso simplemente la haya dejado escapar.

Por su parte, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas develó la gran posibilidad de debilitar la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia y de la impartición de la misma porque se eliminan los plenos de circuito.

“También el establecimiento de tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. De entrada, más burocracia, más gastos administrativos y no mayor calidad en las sentencias. Esto implica la posibilidad de inundar el Poder Judicial en cargos de mediano rango, con perfiles afines políticamente”, indicó.

A su vez, el diputado Marcos Aguilar Vega aseguró que esta reforma confirma y fortalece la creencia de ese indeseable perfil que dice que la justicia es un asunto de élites y en específico y desde el punto de vista técnico, es una reforma con tintes autoritarios.

Expuso que, en diversos apartados de la reforma, se contienen adiciones de facultades o bien, eliminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto del Consejo de la Judicatura, un debilitamiento del amparo directo en revisión.

Desde tribuna señaló que existen dos aspectos cruciales que debilitan la controversia constitucional, como mecanismo de control constitucional: la limitación de su conocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuestiones exclusivamente de constitucionalidad, la limitación del análisis de las controversias constitucionales, solo para violaciones directas a la Constitución o a los Derechos Humanos.

Finalmente, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez demandó que la Suprema Corte no debe renunciar a que los jueces y magistrados, que son nombrados o son destituidos injustamente puedan elevar un recurso para ser revisados.

“Creo, y es uno de los temas más delicados, que no debe haber una facultad exclusiva en la Corte para crear tribunales especiales que resuelvan asuntos graves en materia de violación a los Derechos Humanos” finalizó.