De tiempo en tiempo el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre sus informes incluye la medición de la informalidad. Parte importante de la economía nacional, no pasa de ser una cifra estimada pues esa actividad económica es de quienes no declaran ventas, ingresos ni utilidad. Con participantes de todos los tamaños y rubros, el grupo más numeroso es el dedicado al comercio, con proveedores tanto formales como informales.

Se considera como economía informal aquella que no está sujeta a reglas ni es parte del sistema tributario, pero está alejada de la actividad criminal. Sus integrantes no pagan impuestos o cuotas de seguridad social y muchas veces ni siquiera el consumo eléctrico que realizan. Su impacto económico no es fácil medirlo por lo que se hacen estimaciones más o menos acertadas.

México se encuentra entre los que tienen un mayor porcentaje de empleo informal (60%) de los grandes países latinoamericanos, con más de 30 millones de participantes informales (frente a sólo 22 mill. en el sector formal) lo que tiene consecuencias que casi nadie toma en cuenta. Ni funcionarios actuales o anteriores, ni políticos o partido político alguno. No es posible que México siga ignorando el asunto.

Para cualquier político es un tema espinoso y de solución difícil; prefieren abordar otros de mayor rentabilidad electoral. Saben que sin importar lo que declaren habrá quien se moleste y hasta actúe contra ellos. Son situaciones que se generan porque no hay suficientes trabajo formal y porque leyes y reglamentos son tan complicados que permiten la corrupción. Adicionalmente, algunos impuestos sobrepasan la capacidad de pago de quienes inician la vida laboral.

Es un asunto de grandes dimensiones, incluso el propio INEGI estima que ocupa al 58% de la población activa, produciendo al menos el 23% del PIB. Aunque sea una estimación, no una cifra cierta, muestra la punta del iceberg.

Suponiendo que esta cifra tiene sustento y fuera real, es enorme el monto de impuestos omitidos y de cuotas de seguridad social no pagadas. Ambas tienen consecuencias tanto para las instituciones del Estado (Federación, estados y municipios) como para los propios trabajadores informales. Además, las instituciones deben actuar para todos aunque un porcentaje importante no aporte.

De lo que poco que se elabora es que ese 60% no contribuye para que cuando alcancen la edad de jubilación, y más pronto que tarde, también impactará las finanzas públicas. Sin duda el apoyo federal para adultos mayores es un paliativo para quienes nunca podrán jubilarse pero insuficiente para una vida digna.

El esquema actual de apoyos (aparte de su carácter electorero) no es fácil que pueda mantenerse por muchos años, ni menos crecer, a pesar de su carácter constitucional, y no por razones políticas sino financieras. Si para el presupuesto 2024 (9 billones de pesos) se previó un endeudamiento del 20%, en el futuro, aún sin aumentar apoyos, entre el pago de éstos y el servicio de la deuda, se reducirá la capacidad para mejorar servicios o realizar obra pública.

En la próxima campaña electoral esperamos que se propongan soluciones a esta problemática para construir un mejor futuro para todos y los impuestos se repartan proporcionalmente entre una base más amplia. Pero sobre todo para incorporar a todos a la seguridad social.

Para ello hay tres propuestas para evaluar:

1) Promover el empleo formal mediante políticas públicas de avanzada.
2) Reducir trámites y regulaciones que dificultan la incorporación a la formalidad y permiten la corrupción.
3) Facilitar la incorporación de informales a las cadenas productivas.

La mejor propuesta al respecto atraerá a buena parte de los ciudadanos.

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