Ciudad de México 14 de Diciembre de 2020.- Es inadmisible e irresponsable que Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, niegue a los 32 gobiernos estatales, realizar compras alternas a la del gobierno federal para adquirir la vacuna contra COVID19, afirmó el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

Dijo que impedir que las entidades federativas puedan adquirir la vacuna contra COVID19 es una más de las erráticas decisiones que está tomando el gobierno federal en el combate a la pandemia.

“Rechazamos la centralización del Sistema Nacional de Salud impulsada desde la Secretaría de Salud federal, más aún, cuando han demostrado incapacidad en la atención a la población desde el inicio de la emergencia sanitaria”, apuntó.

Explicó que sería un verdadero atentado contra la salud, y poner en riesgo la vida de más mexicanos, pretender, en un ánimo electoral, que sea exclusivamente la federación quien se encargue de adquirir y aplicar las vacunas. El presidente pretende asumirse como el salvador del país, cuando toda su gestión ocasionó una crisis humanitaria y más de 113 mil muertes.

Ramírez Barba sostuvo que es incongruente que el gobierno federal, contrario a las disposiciones de la Ley General de Salud y la misma Constitución, niegue a las entidades federativas colaborar en el control de la pandemia y que también niegue esa posibilidad a los hospitales privados que han salvado innumerables vidas en los últimos meses.

“Si el gobierno federal ha sido incapaz de abastecer las vacunas ordinarias, por ejemplo, para el sarampión, influenza o tuberculosis, difícilmente tendrá los resultados que espera la población en la vacuna contra COVID19. Al menos que se utilicen los recursos, infraestructura y capacidad de planeación de los gobiernos locales, los cuales, en muchos casos, tienen más capacidad técnica y de gestión que la propia federación”, agregó.

Las compras consolidadas a las que se refiere López Gatell para justificar la centralización de la adquisición de vacunas, han sido un fracaso en la presente administración, puesto que han generado retrasos en la entrega de todo tipo de medicamentos, mismos que han llevado a la muerte a pacientes en todo el país, incluyendo niños con cáncer.

Las afirmaciones de López Gatell no están por encima de la ley. La Ley General de Salud establece que, las entidades federativas tienen facultades para adoptar medidas de seguridad sanitaria de manera autónoma. Los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen como facultad, realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de diversas enfermedades transmisibles.

Los gobiernos de los estados están dispuestos a aportar recursos para la adquisición de la vacuna apegándose a las disposiciones que para el efecto determine la autoridad sanitaria correspondiente y sujetándose al control de COFEPRIS.

El también Secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados consideró inentendible que ante la situación de gran riesgo que enfrentamos en esta pandemia, misma que ha conducido, a más de 113 mil muertes, el gobierno federal mantenga su actitud arrogante y centralista en la toma de decisiones.

El plan de vacunación presentado por el gobierno federal no resuelve las necesidades de la población mexicana y carece de un enfoque regional que atienda las necesidades de cada estado; para que la vacuna llegue a todos los municipios a tiempo y de manera equitativa, superando los retos logísticos de distribución, es indispensable la participación de los gobiernos locales.

Aseguró que los diputados federales del PAN buscarán que, dentro de la “política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19”, se dé prioridad a la inmunización de la población con condiciones médicas que conllevan un estado de déficit inmunitario o aquellas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal o cáncer; además de trabajadores esenciales, como lo son: las fuerzas armadas, policías, empleados del transporte público, trabajadores agrícolas y trabajadores de los servicios básicos, tales como agua, electricidad, gas, comunicaciones y atención de emergencias.

También exigiremos a la Secretaría de Salud que se transparenten los contratos para la adquisición de vacunas, las fechas de entrega y el avance de la logística para su aplicación en todo el país.

No permitiremos más dolor evitable a las familias mexicanas a causa de decisiones políticas desde la federación, que buscan lucrar electoralmente con la vacuna ante la tragedia, e impiden la suma de esfuerzos desde lo local.