Marcos Pérez Esquer.- Hace cosa de tres días, el periodista Carlos Loret de Mola, reveló en su columna del periódico El Universal, que la Fiscalía General de la República cabildeaba ante el Poder Judicial, la posibilidad de obtener una orden de aprehensión en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La revelación llama poderosamente la atención por varios motivos, primero porque el periodista que la ventila no es cualquier periodista, se trata nada más y nada menos que el que ha realizado las investigaciones que más han impactado y mermado la credibilidad del actual gobierno. Es quien ha revelado la existencia de millonarios contratos públicos de la prima del presidente, de nombre Felipa Obrador, con Pemex; la falsedad de las declaraciones patrimoniales de Manuel Bartlett, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y de las compras a sobreprecio que el IMSS realizó a su hijo; el ocultamiento en declaraciones patrimoniales y la adquisición poco clara de inmuebles por parte de Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, y su esposo John Ackerman, contratado como conductor en la televisión pública; y el video escándalo en el que el hermano del presiente, Pío López Obrador, aparece recibiendo dinero en efectivo para la campaña electoral, entre otras. En ese sentido, la revelación que ahora hace Loret de Mola, ha de tomarse en serio, no la hace cualquier periodista, sino uno de los más importantes de México hoy día.

En segundo lugar, la información llama la atención, por el motivo que se señala como detonante de la potencial orden de aprehensión: el mal uso de la “partida secreta” en materia de seguridad, que en su momento estuviere a cargo de Genaro García Luna, cuando fue Secretario de Seguridad Pública. Esto, me parece, no tiene ni pies ni cabeza. Normalmente, cuando se habla de la “partida secreta”, se habla de la que contempla la Constitución en su artículo 74, y de la cual no es necesario rendir cuentas; sin embargo, esta partida, si bien sigue existiendo como posibilidad en el texto constitucional, lo cierto es que desde el gobierno del presidente Zedillo, es decir, desde hace más de 25 años, dicha partida no se utiliza; simple y sencillamente, no aparece asignación alguna en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Así las cosas, cuando se alude a una supuesta “partida secreta” en materia de seguridad, en realidad solo se esta hablando del hecho de que la ley permite que, en materia de seguridad, las compras de gobierno se realicen mediante adjudicación directa, sin pasar por licitación pública, y a que buena parte de la información respectiva se mantenga en reserva. Por ejemplo, si se construye una penitenciaría, la obra se puede adjudicar y los detalles técnicos tales como los planos de construcción, o del sistema eléctrico, o de alarmas, etc., se pueden mantener bajo reserva, justamente porque no hacerlo así, pone en evidente riesgo la seguridad. Todo ello, sin embargo, ni significa que el público no pueda conocer datos tales como el nombre de la empresa constructora, el monto total que se le pagó por el trabajo, el funcionario que autorizó el ejercicio del gasto, etc. Es decir, no existe en realidad cosa tal como una “partida secreta” en materia de seguridad. Claro está que cuando se permiten adjudicaciones directas, se abre una puerta a la corrupción, pero de ser el caso, habría que sancionar al funcionario que haya incurrido en ella, mas no al presidente de la República. De hecho, si no fuere así, en este momento habría que poner a López Obrador en la picota, porque en su gobierno el 80% de las compras se están realizando mediante adjudicación directa o invitación restringida, y no solo las de seguridad, sino todas.

Y en tercer lugar, llama la atención todo esto porque el presidente López Obrador obtuvo, de manera sorprendente, la anuencia del Congreso y de la Suprema Corte, para realizar una consulta popular sobre el enjuiciamiento de ex presidentes. ¿Por qué cabildear ahora una orden de aprehensión cuando aún está pendiente ese proceso consultivo? ¿ahora resulta que ya no es necesaria tal consulta? Sucede que, en los términos autorizados, tal consulta habrá de realizarse después de la jornada electoral de 2021, tal parece que demasiado tarde ya como para sacarle suficiente provecho político-electoral.

En resumen, y de confirmarse la veracidad de lo dicho por Loret de Mola, lo que quedaría en evidencia es que, el actual gobierno no sólo utiliza las instituciones del Estado de una manera extremadamente facciosa, sino que se perfila a constituirse en un régimen persecutor y autoritario, tal como han hecho las más emblemáticas dictaduras de la historia.