Desde que fue nombrada el 16 de noviembre de 2019, muchos advertimos que, en virtud de su ilegitimidad, su gestión como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) implicaría un grave daño para esta institución.

Los politólogos saben que hay dos formas de ilegitimidad en una posición política, la primera es cuando se carece de legitimidad de origen (también llamada “ex defectu tituli” o “ab origine”), que es la que deviene de un nombramiento que no se ha hecho conforme a las reglas o cuando dichas reglas no son equitativas, y la segunda es la ilegitimidad de ejercicio (también llamada “ex parte exercitii” o “ab excercitio”) que es la que se genera a partir de un mal desempeño en el encargo, es decir, cuando la gente denuncia una mala labor en el servicio público, o un desvío de poder.

Así, la historia ofrece ejemplos de personas que, habiendo llegado al poder de manera cuestionada, es decir, sin legitimidad de origen, luego logran legitimarse mediante un buen desempeño en el cargo, como le ocurrió por ejemplo a Carlos Salinas de Gortari como presidente de México; o bien, casos en los que alguien, habiendo llegado de manera legítima, luego se deslegitima por su mal desempeño, como le ha venido ocurriendo en buena medida al presidente López Obrador.

Pues bien, en esta lógica, la presidenta de la CNDH no goza ni de legitimidad de origen, ni de legitimidad de ejercicio.

Lo primero porque para su nombramiento en el Senado, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, hicieron fraude electoral, así como lo oye, porque en la votación respectiva, la Mesa Directiva del Senado, a cargo de una senadora morenista, declaró que se habían recabado 114 votos, de los cuales 76 habían sido a favor de Rosario Piedra Ibarra. Con esa votación apenas muy justamente alcanzaba las dos terceras partes de la votación de los presentes que exige el marco legal; sin embargo, como ocurre en el futbol con el VAR, algunos acudieron al video, y descubrieron de manera absolutamente incontrovertible que en realidad habían sido 116 legisladores los que pasaron a depositar su boleta. Esto significa que, si Piedra Ibarra obtuvo 76 votos de 116, no alcanzó la mayoría calificada para ser presidenta de la CNDH. Alguien se robó dos votos para que los números dieran la mayoría calificada.

Y lo segundo porque, tal como se veía venir, la titular de la CNDH ha tenido un desempeño pésimo en el cargo. Ha sido pésimo por sus graves omisiones en la defensa de los derechos humanos, por su inacción frente a la militarización de la policía, o por las violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y frente al ecocidio del Tren Maya, así como por su indolencia ante violaciones a derechos como la salud con el desabasto de medicamentos, o por la fatal gestión de la pandemia, entre muchísimos otros ejemplos. Pero sobre todo, porque una institución como la CNDH debe fungir como parte del sistema constitucional de pesos y contrapesos para señalar con independencia y solvencia técnica las violaciones de derechos humanos que ocurren a cargo del Estado o de sus agentes. Para eso es que goza de autonomía constitucional, para que cuente con esa independencia y con esa imparcialidad, y por eso también, es que su nombramiento corre a cargo del Senado y no del propio Ejecutivo, pero la actual titular de la CNDH no entiende eso, y se asume como subordinada del presidente de la República, lo que cancela toda posibilidad de libre y auténtica actuación.

Era de esperarse de parte de una ex candidata, dirigente y militante de Morena, cosa que por cierto la impedía legalmente para ser designada en ese cargo. Y no es que la CNDH deba comportarse como oposición, no, pero sí como contrapeso; pero alguien como Piedra Ibarra simple y sencillamente no lo puede hacer, ¿cómo podría ejercer la función de control constitucional no jurisdiccional que le corresponde, de señalar al Ejecutivo y sus subordinados cuando incurran en violaciones de derechos humanos, si es incondicional del propio Ejecutivo?

Por eso en su informe de antier ante el Congreso de la Unión, Rosario Piedra no tuvo empacho en decir que la CNDH estaba con la cuarta transformación, pero peor aún, llegó a un exceso inconcebible: propuso la desaparición de la propia CNDH y su sustitución por una defensoría del pueblo. Lo que quiere decir es que la institución deje de ser constitucionalmente autónoma y pase a ser parte de la administración a cargo directo del Ejecutivo federal.

Estamos atestiguando la demolición de la CNDH emprendida por quien más debería cuidarla y fortalecerla, desde su mismísima presidencia. El autoboicot para concentrar más poder en manos del presidente.