Marcos Pérez Esquer.- Mucho me llamó la atención -por simplista- la postura asumida por Leo Zuckerman -prestigiado politólogo y conductor del programa de análisis político de Foro TV denominado “La hora de opinar”-, respecto de la polémica de estos días en torno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Zuckerman sostiene que conviene revisar la pertinencia de continuar con ese instituto, o de plano mejor disolverlo. Dice que si el INAI (antes IFAI) tiene ya veinte años y la corrupción no ha disminuido un ápice, ello significaría que el organismo no ha servido de nada.

Es verdad que siempre conviene evaluar si una institución pública o una política pública está dando resultados o no, para decidir sobre su continuidad, su reforma o su cancelación, pero en este caso, lo que no me convence es el argumento, porque parte de un punto incorrecto, el INAI no está ahí solo para combatir la corrupción, de hecho, quizá ni siquiera sea esa su misión principal. El INAI está ahí para garantizar dos derechos humanos importantísimos: el derecho a la información, y el derecho a la protección de la privacidad.

Así que para empezar, el argumento no se hace cargo en absoluto del derecho a la vida privada, es decir, al hecho de que sin INAI, nuestra información personal quedaría expuesta sin control. La que le damos al banco, al seguro, al médico, etc., sería vendida y comprada sin mayor rubor en detrimento de nuestra intimidad y seguridad. Y en cuanto al derecho de acceso a la información pública, el argumento obvia la relevancia que este tiene para un proyecto democrático empobreciendo la reflexión reduciéndola a un asunto de ahorro de pesos y centavos.

Cuando se vulnera el derecho a la información, se viola también el derecho de pensamiento y la libertad de expresión en su dimensión social, reprimiéndose así la formación de la opinión pública. Podría decirse que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

En este sentido, la tarea del INAI, como garante del derecho a la información, deviene toral para una democracia, porque permite que la sociedad esté mejor informada, lo que contribuye a nutrir el pensamiento y sustentar las decisiones de la ciudadanía tanto en el contexto de los procesos electorales como en su evaluación general de la gestión pública. De hecho, una opinión pública bien informada suele ser útil para inhibir la instauración de regímenes liberticidas.

Pero además, tener acceso a la información ayuda a tomar mejores decisiones en otros muchos ámbitos de la vida, ya sea a la hora de invertir, de ahorrar, de inscribir a tus hijos en una escuela, de acudir a una institución de salud, etc. La información que tiene el gobierno te puede ayudar a saber si cierta inversión es segura o no, si una escuela es buena o no, si un hospital es bueno o no, etc.

Así que no, combatir la corrupción no es el principal objetivo del INAI, aunque ciertamente la transparencia desde luego también inhibe la corrupción. Quien se sabe expuesto será más cuidadoso. Pero también habría que cuestionar el argumento de Zuckerman en este punto, porque asume que la corrupción no ha bajado en los últimos veinte años, y a decir verdad, eso es prácticamente imposible de saber por la sencilla razón de que antes de la trasparencia nadie se enteraba de la mayoría de los hechos de corrupción.

La prueba de que la opacidad incuba corrupción está en el más reciente escándalo de la Sedena. El Ejército, por razones de “seguridad nacional”, vive bajo un régimen de transparencia distinto que le permite ocultar prácticamente todas sus acciones. Por eso es que fue necesaria la filtración de los hackers de Guacamaya Leaks para que supiéramos de los fastuosos viajes del general secretario y su familia, entre los cuales está uno a Italia en el que, en un fin de semana se gastaron 2.4 millones de pesos (para ponerlo en contexto, recordemos la queja del gobierno porque Lorenzo Córdova recibió una liquidación de 1.9 millones por 9 años de servicios al INE).

Por todo esto es que resulta increíble que el gobierno esté obstaculizando la operación del INAI impidiéndole contar con el mínimo de personas comisionadas que le permita sesionar conforme a la ley, y que además proponga la eliminación del instituto.

Pero claro, como lo dijo el propio presidente, para el gobierno ese es el mundo ideal, y es que ciertamente, para un gobierno corrupto, un mundo opaco es un mundo ideal. Y podríamos agregar que, para un régimen populista, una población desinformada, es una base electoral ideal.