Como en la famosa escena de El Padrino en la que el funerario se queja de un juez y le pide “justicia” a Don Corleone, en nuestro México parece que mucha gente prefiere la “justicia” de AMLO que la de los jueces.

Aun así, las revelaciones del presidente López Obrador respecto de su injerencia en asuntos judiciales han resultado en un verdadero escándalo. Y es que, sin el menor pudor, confesó que durante el periodo en el que el ministro Arturo Zaldívar presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio López Obrador intervenía en asuntos judiciales.

Poco le importan los estándares internacionales sobre independencia judicial, que señalan que “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.”

El modus operandi consistía en echar mano de ese súbdito que siempre fue Zaldívar, a quien le hablaba para que a su vez presionara a algún juez en la resolución de un asunto. De esta manera -explica Obrador-, el ministro Zaldívar hablaba con los jueces y “respetuosamente” les decía “cuidado con este asunto”.

Al presidente no le importa la independencia e imparcialidad de los jueces, lo que le importa es que resuelvan según sus designios. Pero esa ruta -la de los jueces subordinados-, no nos llevará a la justicia verdadera.

El presidente alega que esta presión se ejerce porque, en ciertas ocasiones, por “errores” del ministerio público, los jueces liberan a los delincuentes, y a su juicio, eso es injusto. Deja de lado que los jueces deben proteger los derechos de la gente e impedir que alguien sea encarcelado sin pruebas, esos “errores” no son sino falta de pruebas. Para evitar abusos, los jueces revisan la actuación de las autoridades para asegurarse de que han cumplido la ley. En este sentido, pedirles a los jueces que pasen por alto las violaciones legales de la fiscalía, implica exigirles que dejen de cumplir su labor protectora de los derechos humanos, que hagan a un lado la ley, y que abandonen la división de poderes.

Se dirá que esto no es nuevo, que otros presidentes de la República también ejercían presión, y quizá sea verdad, pero como sabían que ello era indebido, lo ocultaban. Hoy, lo que vemos es el cinismo absoluto, es la normalización de la ilegalidad impulsada desde el más alto nivel gubernamental. Es el abuso de poder generalizado. Lo que estamos viendo no es nuevo, pero es mucho peor.

Debemos preguntarnos ¿qué pasará si fracasan los jueces y triunfa la postura de López Obrador? Pasará que tendremos la justicia de Don Corleone.

Arturo Zaldívar ha dicho que quizá el presidente se expresó mal, porque que en realidad él nunca le habló a ningún juez para presionarlo o para dictarle el sentido de alguna resolución. Sin embargo, abogados cercanos a la Suprema Corte han explicado que Zaldívar contaba con un colaborador en el Consejo de la Judicatura, de apellido Alpizar, ahora funcionario de la Secretaría de Gobernación, que era quien hacía el trabajo sucio de llamar a los jueces para presionarlos a nombre del ministro. Así, cuando Zaldívar dice que nunca le habló a juez alguno para presionarlo, en realidad solo está simulando.

Bien habría valido la pena que López Obrador hubiera leído y atendido las palabras de Aharon Barak quien fue miembro de la Suprema Corte de Israel por 28 años, y que, con esa experiencia, entendía por independencia judicial, que “las otras ramas del gobierno deben ser incapaces de influir en las decisiones judiciales”.

Pero más habría valido la pena aún, que Arturo Zaldívar hubiese leído a mi maestro, el doctor Rodolfo Vigo, quien fuere por 19 años miembro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe en Argentina, cuando hacía hincapié en la necesidad de que los jueces tuvieran “fortaleza como para asumir las presiones políticas”, y sobre todo cuando agregaba que, “hablando del juez aparece como evidente la exigencia de la fortaleza o valentía, en tanto un juez cobarde es susceptible de fácil pérdida de su independencia e imparcialidad. Por supuesto que no estamos hablando de temeridad, o sea, de alguien que busque o se deleite con el peligro, sino de aquel que es capaz de decir el Derecho que corresponde aun “con” miedo, pero nunca “por” miedo”.

Pero nos queda la ministra Norma Piña, a quien Obrador tilda de corrupta sin percatarse de que en realidad la exalta como defensora del Estado de Derecho.