Ciudad de México, 22 de octubre de 2020.- Al votar en contra de la realización de la Consulta Popular para “enjuiciar” a los expresidentes, propuesta por el Presidente López Obrador, los diputados federales del Partido Acción Nacional advirtieron que están a favor de la aplicación de la justicia, pero si de verdad se quiere ir en contra de la corrupción, que se inicie por castigar a los funcionarios del presente acusados de hacer negocios al amparo del poder.

Al dar el posicionamiento de su grupo parlamentario durante la aprobación de la Consulta Popular, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera aseveró que la Ley no se consulta, simple y sencillamente se aplica.

“El PAN ha impulsado mecanismos de la democracia participativa desde antes de López Obrador –y muchos miembros de Morena y del gobierno eran priistas– y conoce los importantes alcances y reglas de su aplicación, a todas luces la consulta aprobada por la mayoría de la Corte, no es un ejercicio legítimo de democracia participativa.

“La Ley no se consulta, se aplica, que quede claro, el único objetivo que tiene Morena al impulsar esta consulta, es que López Obrador pueda manipular el proceso electoral el próximo año”, aseguró Macías Olvera.

Agregó que Acción Nacional por supuesto que está a favor de que se sancione a cualquier persona que haya cometido un delito en el pasado y en el presente, contra quien sea, “presenten las denuncias ya, no hay absolutamente nada qué consultar”, apuntó.

Al hablar en contra del dictamen, el diputado Marcos Aguilar Vega, señaló que en este caso, la consulta pública que se pretende, coincide perfectamente con la definición de desvío de poder.

Agregó que dicha consulta, no es un ejercicio de democracia participativa, es envilecer a la institución, es usar la sed de justicia y el deseo de la sociedad de combatir la impunidad para ensuciar los comicios del 2021.

“Es lo que es, un cambio del presidente que se impacienta porque sabe que mandar a su partido a la contienda electoral sin su nombre en la boleta, no tiene una perspectiva favorable”, agregó Aguilar Vega.

Por su parte, Adriana Dávila Fernández expresó que la propuesta presidencial enviada al Senado de la República, relativa a la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes, evidencia las razones que empujan al inquilino de Palacio Nacional a hacer justicia por mano propia.

“Buena la farsa para hacer efectivo el cobro de facturas a los adversarios políticos y, como anillo al dedo, no da respuesta sobre las crisis más agudas que tenemos en este país, la inseguridad que nos azota, la economía que nos ahoga y pone en riesgo la vida de miles de niñas y niños con cáncer que no encuentran esperanza en su gobierno, una pandemia que tiene enlutados a casi 90 mil hogares, pero no, esas no son las prioridades para el gobierno de Morena”, agregó Dávila Fernández.

Criticó que este es el gobierno más antidemocrático de la historia moderna de nuestro país, ya que no hay cabida para el diálogo con la oposición, con los que piensan diferente, ni posibilidad de construir consensos.

Al cuestionar que si de verdad se quiere hacer justicia contra personas que dañaron el país, “¿por qué no se opta por las instituciones creadas para ello?, ¿por qué se busca llevar a cabo las acciones que con mayor fuerza busca castigar?”.

“Si hablamos de corrupción, ahí está el selecto grupo del gabinete que goza de privilegios, que sin esconder conflicto de interés, hasta merecen la defensa presidencial, para ellos, el jugoso negocio de las adjudicaciones directas por encima de la Ley, pasamos de la Casa Blanca a las casas de Manuel Bartlett, de Irma Eréndira Sandoval y de John Ackerman, la compra de ventiladores e insumos médicos a sobreprecio, el negocio para los familiares de Zoe Robledo, titular del IMSS, la familia en la nómina de Pemex, de Octavio Romero, y qué decir del hermano incómodo, Pío López Obrador, que inauguró el nuevo concepto de aportaciones”, afirmó.

Para concluir, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez aseguró que si el Gobierno Federal tuviera ganas de enjuiciar realmente a los expresidentes del país “sólo se tendría que levantar el teléfono y hablarle al titular de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Agregó que Morena no se atreve a enjuiciar directamente a exfuncionarios “quieren que el pueblo de México nuevamente les haga la tarea”.

El dictamen fue aprobado con 272 votos a favor y 116 votos en contra, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes.