“La prevalencia de sobrepeso y obesidad aumenta de 26% en primer grado de primaria a 39% en sexto grado. De continuar esta tendencia, 1 de cada 2 niños desarrollará diabetes en el futuro”.

Durante la gestión del ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se implementaron políticas públicas que, con resultados decepcionantes, se basaron más en suposiciones ideológicas que en evidencias científicas. Estas medidas, que denominaré “políticas chatarra”, fueron acompañadas por una limitada capacidad de gestión, a pesar de contar con el respaldo del Ejecutivo en turno.

Durante la pandemia de COVID-19, López-Gatell culpó a los mexicanos que fallecieron de sus propios hábitos alimenticios, sobrepeso, diabetes y otras comorbilidades para justificar las altas tasas de mortalidad. Esto ocultó la falta de un plan adecuado de preparación y respuesta, así como la ausencia de atención médica, medicamentos y dispositivos necesarios, elementos que habrían podido mitigar el impacto de la crisis sanitaria.

Desde la Cámara de Diputados, con apoyo del Ejecutivo, para combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, se impulsó una reforma a la Ley General de Salud para establecer un etiquetado frontal de advertencia en alimentos en 2019 para proteger tanto el derecho a la salud como el derecho a la información. Esta política introdujo sellos octagonales negros con letras blancas, destacando nutrientes críticos en exceso, como calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. López-Gatell presentó esta medida como una solución al problema de la salud pública, sin considerar su negligencia en el uso de la ciencia y la evidencia para proteger a los mexicanos en un problema perverso (wicked) como la obesidad infantil.

Las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la “Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” en los últimos años reflejan una ejecución deficiente. En 2022, de los 582.3 millones de pesos asignados, solo se ejercieron 370.5 millones, dejando sin utilizar el 36%. En 2023, se aprobaron 616.2 millones, pero se ejercieron apenas 48.9 millones, representando una subutilización del 92%. En 2024, se autorizaron 885.5 millones, pero hasta mayo, solo se habían ejercido 75.5 millones, con un subejercicio del 91.5%.

Con estos datos, estimado lector, ¿podemos afirmar que López-Gatell y colaboradores priorizaron realmente la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes? La ejecución de apenas el 23.7% de los recursos asignados (2,084 millones de pesos) indica que el esfuerzo quedó más en la narrativa ideológica de las políticas chatarras que en acciones concretas.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023 ofrece evidencias preocupantes: en 2023, el 18% de los adultos tenía diabetes, de los cuales una tercera parte desconocía su condición. La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 37% en escolares y del 40% en adolescentes, mientras que en adultos alcanzó el 37%. Solo uno de cada cuatro escolares y adolescentes cumplió con la recomendación de consumir frutas y verduras, mientras que el consumo de azúcares añadidos representó el 22% de la ingesta calórica total.

La política de etiquetado de advertencia no ha logrado detener el aumento de la obesidad. En la población escolar, el sobrepeso disminuyó del 20.2% en 2006 al 19.0% en 2023, pero la obesidad aumentó del 14.6% al 17.5%. En adolescentes, la combinación de sobrepeso y obesidad creció 7.2 puntos porcentuales desde 2006, llegando al 40.4%, mientras que la obesidad en este grupo subió del 11.9% al 17.0%.

El reciente “Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas”, publicado el 30 de septiembre de 2024, representa un intento de repetir la estrategia de López-Gatell, ahora bajo el auspicio del Secretario de Educación. La presidenta incluso exhortó a la población a consumir tortilla, frijoles, chile, arroz, tamales y quelites, en lo que parece más una propuesta retórica que una solución concreta. La falta de inversión en infraestructura escolar, acceso a agua potable, comedores y atención primaria en salud sigue siendo una barrera crítica.

La realidad es que la obesidad infantil en México constituye un problema perverso, complejo y multidimensional que no puede resolverse con intervenciones simplistas como el etiquetado frontal, las medidas y costos impuestos a las familias en dicho acuerdo sin inversión pública. Se necesita un enfoque integral que aborde factores biológicos, sociales, económicos y culturales, además de una fuerte coordinación entre políticas de salud, educación y seguridad alimentaria.

Los datos demuestran que los cambios de comportamiento requeridos deben involucrar a toda la sociedad: padres, maestros, empresas y políticas públicas. Por tanto, es esencial un programa nacional que integre a todos los actores, incluyendo a los propios niños, para enfrentar esta crisis de salud pública con seriedad y rigor científico. Esto debe reflejarse en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y luego en el Programa Sectorial de Salud 2025-2030 de manera coordinada y contundente.

Finalmente, es urgente revisar el destino de los casi 1,589 millones de pesos no ejercidos en el programa de sobrepeso y obesidad, y asegurar un presupuesto adecuado para 2025 que permita abordar el problema de manera estratégica en zonas urbanas y rurales.

Necesitamos proteger a nuestra niñez desde ya, requerimos un México más sano, más educado y más productivo.

*Éctor Jaime Ramírez Barba es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.