Ciudad de México, 08 de noviembre de 2020.- Esta semana el país deberá contar con un Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que, sin improvisaciones, le permita comenzar la recuperación de la crisis económica, atender la emergencia de la Pandemia y actuar con transparencia eliminando asignaciones directas, honrar el federalismo con justicia y equidad y terminar con el gasto en caprichos o programas electoreros.

El presupuesto debe ver al México de todos con cuatro grandes prioridades de gasto y beneficio directo en salud, reactivación económica, seguridad pública y gobernanza; hablamos del dinero público y no de los recursos administrados por un gobierno, hasta ahora insensible con la urgencia que viven las familias mexicanas.

Así lo expuso el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, a unos días de iniciar la discusión del PEF 2021 en la Cámara de Diputados, el cual deberá estar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre.

Dijo que, en el contexto actual, considerando las necesidades ocasionadas por la pandemia de Covid-19 y la desaceleración que produjo en la economía, el gasto del gobierno deberá enfocarse para el año entrante en cuatro grandes áreas:

1.- La pandemia y la salud de los mexicanos

2.- La Economía, el desempleo y combate a la pobreza;

3.- La Inseguridad pública y la violencia;

4.- La Gobernanza y la lucha contra la corrupción

Explicó que, si bien se tienen que asegurar los fondos para comprar la vacuna contra el Covid-19, no hay que olvidar que el país, de manera obligada tiene que invertir en tratamiento para todos los tipos de cáncer, VIH-Sida y enfermedades crónicas; pero también mejorar y ampliar la infraestructura, equipamiento del personal y fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

El gobierno federal no puede seguir improvisando soluciones, como quedó demostrado en este año con la aplicación tardía de los esquemas de vacunación y el peregrinaje de las y los niños con cáncer y otros enfermos que no recibieron oportunamente la atención a las que tienen derecho.

Con este énfasis se deberán destinar mayores recursos para apoyar la economía, el empleo, los ingresos de las familias y el combate a la pobreza y la desigualdad, a través de un Ingreso Básico Universal para emergencias (IBU) a la población afectada por la crisis sanitaria y económica actual.

Se deben asignar mayores recursos para cubrir los derechos de la educación inicial y superior, y para el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica; además de cubrir el Programa Internet para Todos en zonas públicas y comunidades marginadas.

Romero Hicks consideró que el gobierno está obligado a garantizar la seguridad alimentaria y el PEF 2021 tiene que dirigir recursos a programas que fomenten la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, la sanidad e inocuidad y la productividad, así como el fomento del crédito para un periodo de crisis como el actual.

A través de los Ramos 23, 28 y 33 se debe apoyar a los estados y municipios para hacer frente al problema del desempleo y la falta de inversión pública por la pandemia, al tiempo de incluir un plan de modernización del pacto fiscal bajo criterios de subsidiaridad y desempeño en materia de crecimiento, competitividad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Que se etiqueten mayores recursos para el fomento y desarrollo de proyectos de corto y mediano plazo de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria, ferroviaria y de telecomunicaciones con el propósito de estimular el mercado interno. Lo mismo contemplar fondos suficientes para la atención de desastres como para el fomento de energías limpias.

Aseguró que uno de los sectores más golpeado por la pandemia es el turismo, por ello el presupuesto del gobierno debe contener un programa de rescate, toda vez que es el sector que aporta el 8.7% al Producto Interno Bruto, generando 4.5 millones de empleos directos.

Este gobierno no ha cumplido con la seguridad para los mexicanos, ante ello, los diputados del PAN proponen priorizar las aportaciones y subsidios para estados y municipios, como es el caso del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y el Fondo de Aportaciones a la Seguridad (FASP), para atender de forma frontal el problema de la delincuencia organizada, el feminicidio y la incidencia delictiva que afecta a los 2 mil 457 municipios del país.

La asignación de todos estos recursos debe realizarse con la máxima transparencia, eficiencia y fiscalización de acciones, sobre todo en los programas sociales y en la contratación de obras, de bienes y servicios públicos. Exigimos se reduzca la asignación directa y otorgar certeza jurídica en los procesos de licitación.

Lo más deseable es la suspensión o postergación de las obras del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, toda vez que son construcciones que no presentan factibilidad económica ni social y presentan daño al medio ambiente.