Ciudad de México 1 de marzo de 2022.- Las y los diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa de ley, para elevar a rango Constitucional el límite de contrataciones por adjudicación directa para cerrar espacios y limitar el uso indiscriminado de esta figura, al ponerle tope máximo del 20% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario.

Lo anterior, evitará la discrecionalidad en el uso de recursos públicos y reducir el porcentaje de contratos de adjudicación directa por parte del Gobierno Federal.

Al presentar la propuesta de ley, en nombre de la bancada panista, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, agregó que en medio de tanta corrupción, hay cifras y datos alarmantes que pasan por desapercibido, tal es el caso gravísimos de las adjudicaciones directas, “nos engañaron a todos, dijeron que iban a promover las licitaciones públicas como método de contratación. Nos prometieron honestidad valiente, pero la realidad es que hoy son cínicos y mentirosos”, subrayó.

En la actualidad, recordó, 8 de cada 10 contratos han sido entregados por adjudicación directa, es decir, el 80 por ciento de los contratos del gobierno se entregan en lo oscurito, “en cortito a sus cuates”.

Durante la sesión ordinaria, señaló que durante los tres años de esta administración, el promedio del monto de las adjudicaciones se eleva hasta el 41 por ciento del presupuesto federal asignado a las dependencias contratantes.

Por poner, solo algunos ejemplos, Téllez Hernández recordó que hay varios casos graves de corrupción por esta vía, por recordar algunos, dijo, el contrato para la compra de ventiladores respiratorios nada más y nada menos que a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, por un monto de 31 millones de pesos; los casi 800 millones de pesos que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), otorgó a través de adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU; en PEMEX para la refinería de Dos Bocas, los 5 contratos más grandes fueron otorgados a través de invitaciones restringidas o adjudicaciones, con una suma de 49 mil millones de pesos para la Refinería de Dos Bocas.

Téllez Hernández recordó que para justificar el abuso de la asignación de contratos de adjudicación directa, el presidente ha encargado las obras insignia de su gobierno a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para evitar proporcionar información bajo el argumento de seguridad nacional.

“Ha sido tal el abuso y la opacidad, que el Presidente López emitió su famoso Decretazo en el cual dolosamente se establece que todos los proyectos de infraestructura a cargo del gobierno federal serían catalogados como seguridad nacional, fomentando así la contratación sin respetar la Ley, todo por la vía directa, sin licitar y sin concursar”, sentenció.

Desde la máxima tribuna, las y los Diputados del PAN, denunciaron el monto excesivo de adjudicaciones directas, mediante un cheque simbólico, por 483 mil millones de pesos, “a los cuates del Presidente”, del periodo 2018-2022 y signado por el Presidente de la República.

“El teflón político que parecía indestructible y del que gozaba el Presidente, hoy está roto, está por los suelos, pero este Gobierno sigue empeñado en hacer contrataciones en lo oscurito, aquí está el cheque que se entrega por 483 mil millones de pesos en adjudicaciones directas. Es momento de castigar la actitud de la cuarta transformación”, sentenció Téllez Hernández.

La propuesta de reforma a los párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, plantea, entre otras cosas:

• Se podrán hacer adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o que su contratación por licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, pero no aquellas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaria de Marina y la Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, que tengan relación con la operación y administración de obras de infraestructura pública o acciones de carácter civil que no se encuentre relacionada con los fines militares, de armada, de seguridad nacional o seguridad pública.

Para Acción Nacional es obligación proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas, como lo es su derecho a una correcta administración pública libre de corrupción, por ellos, nuestro Grupo Parlamentario continuará trabajando en favor del bien común y exigiendo el respeto en la aplicación y ejercicio de servicio público. La desaparición de cualquier forma de corrupción es una de las principales tareas a la cual debemos abocarnos.