El Diputado local del PAN Ricardo Rubio Torres, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la CDMX a implementar de nueva cuenta el programa de fotomultas en la capital del país, sustituido en el año 2019 durante la gestión de Claudia Sheinbaum por el sistema de las “fotocívicas”.

La propuesta presentada por el legislador panista, deriva del reclamo de diversos activistas de organizaciones civiles, quienes han advertido que la política del gobierno capitalino de desaparecer las fotomultas y convertirlas en fotocívicas, no ha logrado inhibir la circulación a exceso de velocidad en las vialidades de la ciudad ni reducir las muertes y lesiones en siniestros de tránsito.

El legislador destacó que lo recaudado por el programa de fotomultas sea destinado a proyectos para mejorar la movilidad en la Ciudad de México y a la creación de un seguro de vida que proteja a las y los repartidores de las diversas plataformas digitales, en caso de accidentes viales, tal y como propuesto por el Diputado Andrés Sánchez Miranda.

Asimismo, Rubio Torres señaló que es necesario el uso de tecnologías para detectar el exceso de velocidad, así como identificar a los vehículos y a los conductores infractores; “a nivel nacional, también es necesario tomar acciones para obligar a los fabricantes a implementar sistemas para evitar que los vehículos alcancen altas velocidades en pocos segundos”, añadió.

El Diputado blanquizaul recordó que de acuerdo con cifras oficiales de seguridad vial de “El poder del consumidor”, en 2018 se aplicaron 4.3 millones de fotomultas y las sanciones económicas inhibieron a los automovilistas de circular a exceso de velocidad, mientras que el total de infracciones por fotocívicas en 2019 fue de unas 500 mil, pero sólo se aplicaron alrededor de 25 mil cursos de concientización y de ellos, sólo dos mil 740 fueron presenciales.

El legislador panista señaló que en países europeos la tecnología similar a las fotomultas se usa desde hace 30 años, pero en la CDMX el tema se politizó y terminó por desvirtuar el programa.

“Por ello, y ante la molestia de la ciudadanía, resulta fundamental implementar de nueva cuenta el programa, pero con sanciones más impositivas, aprendiendo de su primera implementación y principalmente, haciendo respetar la ley”, sentenció Rubio.