Marcos Pérez Esquer.- ¡Todos a pegarle a la ministra Norma Piña!, esa es la instrucción presidencial a sus huestes. Y ni tardos ni perezosos, sus peones parlamentarios, los primos Ignacio Mier y Alejandro Armenta Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente del Senado, respectivamente, se lanzaron contra la presidenta de la Suprema Corte con argumentos absurdos con tal de quedar bien con el amado líder.

Poblanos ambos, los primos buscan la bendición presidencial para asumir la candidatura a la gubernatura de ese gran Estado, y ante el mensaje recibido de que la ministra era ahora la piñata, se han enredado en una suerte de competencia para ver quién le pega más y se gana los dulces.

El Senador por su parte, hizo uso de la tribuna parlamentaria para denunciar supuestas amenazas proferidas contra él por parte de la mismísima presidenta de la Corte a través de mensajes de WhatsApp. Como lo oye, el legislador presentó la denuncia, y algunas capturas de pantalla, en las que reveló la conversación que sostuvo con Norma Piña, en la que le cuestionaba si podía ver a la cara a sus hijos después de todo lo que decía sobre ella, y lo retaba a dar a conocer públicamente ese mensaje. ¡Uy, pues qué miedo! Si para el Senador eso es una amenaza, bien se ve que no sabe lo que en realidad es una amenaza como la que viven tantas y tantos mexicanos todos los días, en especial periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, y opositores, y las que reciben miles de personas que son extorsionadas por “derecho de piso”, por poner algunos ejemplos. ¡Qué separado de la realidad social está el Senador, caray!

Como sea, el ataque del Senador contra la ministra raya en lo ridículo y en una bajeza que no se separa mucho de las grotescas arengas que hacen quienes desde hace semanas mantienen un plantón a las puertas de la Corte.

Por lo que toca al diputado, su ataque se ha hecho consistir en cuestionar la legitimidad democrática de las y los ministros, y proponer una consulta popular para que el electorado decida si esos altos cargos en el Poder Judicial deben ser elegidos popularmente en las urnas.

Claro, se trata de algo que ya había planteado el amado líder, Mier solo le hizo segunda, y agregó lo de la consulta popular. Luego el presidente le hizo segunda a Mier, y se sumó a lo de la consulta popular.

Como de costumbre, proponen cosas antes de leer la Constitución. Lo cierto es que de acuerdo con el artículo 35 de la Carta Magna tal consulta sería inviable, ello, porque expresamente prohíbe someter a consulta popular “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; […] la materia electoral…”.

En este sentido, someter el nombramiento de las y los ministros a elección popular, los convertiría en agentes representativos de las diferentes fuerzas políticas; los “partidizaría”, eliminando con ello toda independencia judicial, y la independencia judicial y contar con tribunales imparciales, son derechos humanos per se, y también garantías para su protección.

Parcializar a los tribunales, que por definición deben ser imparciales, para colocarlos indefectiblemente del lado de las mayorías, rompería con lo que también es uno de los principales propósitos del Poder Judicial, garantizar los derechos de las minorías, es decir, evitar que el poder político o las mayorías abusen de las minorías y violen los derechos de los que debe gozar todo habitante de una democracia.

Una de las características más preciadas de una democracia es esa, que nadie sea aplastado por mayorías arbitrarias; que toda persona sea respetada en sus derechos y protegida por el Estado, aún en contra de las decisiones del propio Estado que pudieren violentar dichos derechos.

Pero además, al proponer que las y los ministros se elijan en las urnas, el asunto se torna de carácter electoral, lo que, como hemos visto, también está vedado para las consultas populares.

No importa pues lo que diga la Constitución, o si se trata de infamias o ridiculeces, lo que importa hoy es debilitar a la Corte, y pegarle a Piña, a Piña “la piñata”.