Por José Luis Espinoza Piña.- A principios de octubre, Eduardo Medina Mora, magistrado de la SCJN, renunció sorpresivamente a su cargo, a pesar de quedarle 11 años en funciones; la dimisión, según versiones extraoficiales, se debe a la investigación que la Fiscalía General de la República inició en su contra en junio pasado, por lavado de dinero.

Días después, el magistrado Jorge Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa, fue suspendido de sus funciones, ante señalamientos de inconsistencias graves a sus finanzas. Camero formaba parte de la sala que analizaba la decisión de revocar o mantener las suspensiones definitivas de las obras del Aeropuerto de Santa Lucía.

A la vista de estas evidencias, Gerardo Carrasco, uno de los abogados que integran el colectivo #NoMásDerroches, asegura que hay presiones del Ejecutivo Federal hacia la SCJN, la cual ha dejado de lado la obligatoria imparcialidad, avalando acciones ilegales.

Aunque Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, aseguró mediante un tuit que el Poder Judicial ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los Derechos Humanos, además de ser garante de la constitucionalidad.

Sin embargo, según el magistrado de circuito Horacio Armando Hernández, para quienes ocupan cargos en el Poder Judicial las presiones son normales y no se pueden evitar; no obstante, que un juez se deje presionar es una situación diferente. “No se puede evitar que una paloma vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en ella”, expresó.

Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas, asegura que la intromisión del Ejecutivo en la SCJN no se da únicamente de manera verbal o explícita, sino que existen otros métodos para presionar a la Corte.

La coordinadora explica que en lo que va de sexenio, la Cámara de Senadores ha lanzado 37 iniciativas de ley para tratar de reformar a la SCJN, incluso aumentando una sala, además de forzar renuncias como ocurrió con Medina Mora y Camero Carrasco, con la finalidad de proponer a personas allegadas a López Obrador para sustituirlos en esos cargos.

En ese marco, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar ha declarado que la SCJN no es ni puede ser, un partido de oposición.

Ana Marcela Alterio, doctora en derecho y académica de la ITAM, está de acuerdo con las afirmaciones del ministro Zaldívar, y asegura que la aparente violación del Poder Ejecutivo a la autonomía del Judicial consiste en que los otros dos poderes están promoviendo iniciativas de ley hostiles, además de pretender controlar el presupuesto de la Suprema Corte y hay indicios de que el Ejecutivo intimida a algunos jueces.

Después de la renuncia del magistrado Medina Mora, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, lo acusó –sin prueba alguna– de proteger a grupos y personas relacionadas con la administración anterior.

Por su parte, unas horas antes de ser suspendido, Camero Ocampo mantuvo su decisión de no echar atrás las suspensiones definitivas, las cuales mantenían detenida la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, proyecto impulsado por el presidente López Obrador tras haber cancelado a muy alto costo la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, que ya estaba muy avanzada.