El respeto a la propiedad privada da certeza jurídica y en consecuencia mejora la vida de los habitantes de la Ciudad de México, aseguró Ernesto Cordero Arroyo, Diputado Constituyente del Partido Acción Nacional.

Durante la discusión del artículo 3 del dictamen de la Comisión de Principios Generales, el Constituyente aseguró que en una democracia y Estado de Derecho, la propiedad privada otorga la oportunidad de disfrutar, usar y disponer de los bienes y recursos privados fruto del trabajo e inversión de las personas.

Explicó que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece la propiedad privada como un derecho humano.

“Sin el respeto al derecho a la propiedad, todos los demás derechos son vulnerables, sencillamente, las sociedades que más respetan la propiedad privada son las que han logrado un mayor grado de progreso”, dijo.

Cordero Arroyo dijo que el respeto de la propiedad privada es una condición necesaria para el desarrollo económico, pues permite inversión, generación de empleos y formación de patrimonio.

Aseguró que con esto se señala un orden prioritario constitucional que vela por los derechos esenciales del ser humano y da certeza jurídica a cada habitante de la capital de que está protegido ante cualquier avance de sus gobernantes.
“Alejamos la insana tentación de convertir un proyecto político en una Constitución general, dejamos a un lado el torpe debate que pretendía reducir la propiedad privada a la interpretación del gobierno en turno y sobre todo hemos librado a nuestra sociedad de la incertidumbre jurídica”, enfatizó.

Por su parte, la Diputada Mariana Gómez del Campo, durante la discusión, propuso se prohíba y se sancione toda práctica que condicione en favor de grupos sociales, colectivos u organizaciones la prestación o gestión de servicios públicos o programas sociales, asimismo, la creación e implementación de programas sociales en tiempo electoral.

“Es una propuesta que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Principios, una propuesta que se buscaría durante el proceso de armonización, incluirla probablemente en Buen Gobierno o en algún otro apartado de la Constitución”, dijo.

Asimismo, Gómez del Campo aclaró que con esta propuesta no se busca desaparecer los programas sociales, sino buscar consenso en la redacción para que sea incluida .

“El tema se discutió en la Comisión, el tema se votó en la Comisión y se solicitó también que se buscara una redacción en donde la palabra “clientelismo” no apareciera”, señaló.

Al respecto, el Coordinador del GPPAN, Santiago Creel Miranda, coincidió en que la prohibición y sanción de prácticas clientelares y corporativas deben estar plasmadas en la Carta Magna local.

La propuesta fue turnada a la Conferencia de Armonización para su revisión.