La diputada Cecilia Romero Castillo propuso expedir la Ley de Designaciones en la Cámara de Diputados, a fin de uniformar los requisitos que deberán cubrir los titulares de todos los órganos internos de control, de los organismos constitucionales autónomos, que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La iniciativa explicó,  tiene por objeto establecer las bases y procedimientos que deberá llevar a cabo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para designar a los servidores públicos que le corresponde realizar en términos de la Constitución. 

Entre lo propuesto destaca:

1) Precisar que corresponde a la Cámara de Diputados la designación de los servidores públicos para los siguientes cargos:

Consejero presidente y consejeros del Consejo General del INE serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos;

Consejeros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social serán designados por el voto de las dos terceras partes , durarán cuatro años en su encargo y podrán ser reelectos por una vez; y

Titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida por la Constitución, entre otros.

2) Enlistar los requisitos para ocupar cada uno de los cargos;

3) Determinar el procedimiento de designación;

4) Estipular que los titulares de los órganos internos de control serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; indicando que deberán rendir un informe anual de sus actividades a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

“Tenemos que dar entonces un diseño coherente a las normas internas que tenemos en la Cámara de Diputados, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión por lo que corresponde a la Cámara de Diputados, ha sido parchada en innumerables ocasiones”, sostuvo Romero Castillo en la Tribuna de la Cámara de Diputados.

La también Vicecoordinadora de Contraloría y Transparencia urgió a los grupos parlamentarios a analizar, estudiar y, en su caso, perfeccionar los dictámenes que ya existe sobre el mismo asunto, para que se puedan presentar de la mejor manera y se unifiquen criterios que determine la forma adecuada de participación de los diputados para el cumplimiento de esta facultad, “porque no olvidemos compañeros y compañeras, queremos un Sistema Nacional Anticorrupción, queremos un Sistema Nacional de Transparencia, tenemos que recordar que el buen juez por su casa empieza”, concluyó la Diputada panista.

La iniciativa que reforma los artículos 28, 34 y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 41, 44 y 45 de la Ley Federal de Competencia Económica; 38, 44 y 62 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 487, 488 y 489 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y, 51 y 52 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue turnada a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación para dictamen y para opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.