Marcos Pérez Esquer.- Hemos hablado varias veces en este mismo espacio, de las ocurrencias mas absurdas que de pronto echa a andar la 4T. Hay ocasiones en que esas ocurrencias resultan preocupantes, a veces causan desconcierto, a veces molestia, y a veces risa. La que voy a platicarle hoy es de estas últimas, y es de verdad es de antología. En la Secretaría de Economía de plano ya se volvieron locos.

Esa dependencia del gobierno federal, mandó publicar el viernes pasado, en el Diario Oficial de la Federación, un aviso por el cual informa del inicio de un procedimiento para la elaboración de una Norma Mexicana. Hasta ahí el asunto no llamaría mayormente la atención porque efectivamente, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, esa dependencia puede iniciar este tipo de procesos para emitir dichas normas que son análogas a las Normas Oficiales Mexicanas, conocidas como NOM, que son las que tienen por finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Por ejemplo, mediante una NOM, se puede regular el proceso de elaboración de determinado producto alimenticio, o establecer los criterios para la atención de determinada enfermedad, etcétera, y dicha norma, deberá expedirse por parte de la “dependencia competente”, es decir, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal debe disponer dicha competencia. Estos procesos inician con un aviso por el cual se informa a la opinión pública que determinada norma se está elaborando, y se pone a disposición el proyecto para recibir comentarios en consulta pública.

Acá lo curioso, y hasta risible, es que a alguien se le ocurrió iniciar un proceso de este tipo para regular la calidad de los procesos electorales que llevan a cabo todos los organismos electorales de todos los niveles de gobierno; como si los procesos electorales constituyeran un riesgo para la seguridad de las personas, o dañaran la salud humana; y como si la Secretaría de Economía tuviera competencia en materia electoral. Así como lo oye.

Ya no les bastó aquello de ¡al diablo con las instituciones!, ahora mandan al diablo a las instituciones electorales, pero también a las leyes, a la Constitución, a la división de poderes, y al pacto federal, todo de un plumazo.

Se me dirá que en este caso la ocurrencia no es precisamente de la 4T, sino de la asociación civil que está promoviendo esta descocada idea, de la cual ignoro si simpatiza con la 4T o no, sin embargo, todo parece indicar que la propuesta le vino “como anillo al dedo” a la Secretaría de Economía, ya que nada ha dicho aún al respecto. Habría sido muy sencillo declarar que no respaldan la propuesta, pero no, se esperan a ver qué pasa. La dependencia parece haber visto una oportunidad para inmiscuirse en materia electoral, ¡como si lo electoral fuese una actividad económica!

Una norma de este tipo violaría nuestro marco jurídico por donde se le vea. Empezando por supuesto por la propia Constitución que en su artículo 41, otorga autonomía al Instituto Nacional Electoral para organizar y conducir los procesos electorales federales, y algunos aspectos de los procesos electorales locales, mientras que deja a los Organismos Públicos Locales Electorales, hacer lo propio en los procesos electorales locales (en todo aquello que no corresponda al INE).

La norma pues, violaría ostensiblemente este precepto y la autonomía constitucional que nuestra Carta Magna le da a las instituciones electorales. Pero además, al pretender regular procedimientos electorales locales, la norma también estaría invadiendo las competencias legales de las entidades federativas, que se supone, son libres y soberanas. Con ello, la Secretaría de Economía estaría rompiendo con el pacto federal que distribuye las competencias entre la Federación y los Estados al través del artículo 124 constitucional.

La norma viola también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque esta ley establece las atribuciones concretas del INE, y entre ellas está la de emitir los reglamentos, lineamientos y criterios necesarios para garantizar que los procesos electorales cumplan con los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Esto significa que de buenas a primeras la Secretaría de Economía pretende arrogarse atribuciones que la ley confiere expresamente al INE.

En fin, que cada vez más, las ocurrencias de la 4T están llegando al nivel del absurdo, y cada vez resultan más hilarantes. Este gobierno ya parece una comedia de errores, ¿quién opera la administración pública federal?, ¿los hermanos Marx?