Juan Antonio García Villa.- En diversos tonos se ha comentado el resultado de la sesión de la Cámara de Diputados efectuada el pasado domingo 17 de abril. En ésta, como se recordará, fue desechada la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de energía eléctrica, enviada por el presidente de la República el pasado 1 de octubre.

Algunos aspectos de tal suceso, por tan obvios, han sido objeto de abundantes análisis. Pero otros no. De hecho han pasado inadvertidos, lo cual no deja de causar suspicacias. Lo mismo puede afirmarse de las secuelas o acontecimientos posteriores a dicha jornada.

Primero lo más evidente: Por donde se le quiera ver, la sesión legislativa del 17 de abril se convirtió en una indiscutible, sonora victoria de la oposición. En primer lugar, por haberse mantenido en monolítica unidad. Sólo registró una deserción, la de un diputado priista de Campeche, quien cedió al chantaje de que fue objeto a través de su padre quien (cooptado, sin duda) fue designado embajador en República Dominicana, cuya aprobación en el Senado se pospuso hasta después de la memorable sesión. Un desertor en más de 220 es nada. El caso, sin embargo, pone de relieve que sí se pusieran en juego este tipo de prácticas deleznables, de presiones, amenazas y chantajes. Seguramente no fue el único caso, sino el único que les cuajó.

Meritoria también tal unidad opositora por haber resistido exitosamente la furiosa embestida de los diputados de Morena y sus aliados. Embestida que no sólo se manifestó en gritos, injurias y ausencia total de argumentos durante el desarrollo de la sesión, sino en las amenazas de bloquear con lumpen acarreado el ingreso de los legisladores opositores al edificio de San Lázaro, así como el cambio arbitrario –más de una vez– de la fecha de la sesión. Todo lo resistieron, al grado de que un buen número de ellos, para evitarse problemas de acceso al recinto, optó por pernoctar la víspera en las oficinas legislativas.

Luego vinieron las reacciones vengativas de claro infantilismo político. Primero la convocatoria a sesión de la Cámara de Diputados el día siguiente, el lunes 18, para desahogar, con dispensa de absolutamente todos los trámites, la iniciativa que antes de que concluyera la sesión del domingo 17 envió López Obrador a esa Cámara, de modificaciones a la Ley Minera para “nacionalizar” el litio, consciente, muy seguro el Presidente, de que su proyecto de modificación constitucional sería, como ocurrió, desechado.

Todo para que dos días después sintiera su jefe el placer de la venganza, porque en menos de 48 horas y como esa iniciativa de reformas a Ley Minera para “nacionalizar” el litio sólo requería de mayoría simple, tanto diputados como senadores oficialistas se apresuraron a “desagraviar” de esa manera al “ofendido” presidente de la República. Luego vino el grotesco espectáculo de acusar de “traidores a la patria” a los diputados de oposición. Uno de los episodios más lamentables en la historia legislativa del país.

Sobre el punto, cabe señalar –pues hasta ahora nadie lo ha hecho– que tal iniciativa de modificaciones a la Ley Minera, aprobada al vapor, contraviene lo expresamente dispuesto por la Constitución, considerando que apenas dos días antes la misma materia de tal iniciativa había sido desechada en la memorable sesión del 17 de abril.

En efecto, la Carta Magna establece en el artículo 72, Apartado G, lo siguiente: “Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año”. Entonces, ¿por qué, si estamos en el mismo año, el Presidente envió ese proyecto y los legisladores de Morena, en ambas Cámaras, no sólo lo aprobaron sino que lo hicieron por la vía más rápida y servil posible?