Esta semana el presidente de México introdujo a la conversación pública la noción de “golpe de Estado técnico”, al señalar que vislumbra una estrategia de la oposición para, en connivencia con el Poder Judicial, anular las elecciones. Le harán -dijo- un listado de infracciones para invalidar los comicios. Sus dichos llaman la atención por al menos tres motivos:

1. Porque revelan su preocupación por los resultados electorales, es decir, normalmente quien declara que ve venir una trampa para despojarlo de su victoria electoral es quien va en segundo lugar, nunca quien se siente en caballo de hacienda como dicen sentirse en Morena. Es curioso que el presidente diga que la oposición anda muy nerviosa, y que quién sabe que encuesta estén viendo que andan así, porque es justo lo que le está pasando a él, que alguna encuesta vio que lo puso tan nervioso como para salir con la gracejada esa de que la oposición se trae un acuerdo entre manos con el Poder Judicial para anular las elecciones.

El nerviosismo presidencial contrasta con la supuesta ventaja abrumadora de la que se jactan. Si las cosas fueren así, el comentario del presidente no tendría razón de ser; si no estuviera escuchando pasos en la azotea, si no estuviera detectando la posibilidad de la derrota electoral de Morena, no estaría haciendo esas absurdas aseveraciones. Estas declaraciones solo se explican como la preparación de una narrativa como la que desplegó en 2006, de que le habían hecho fraude electoral, cosa que nunca pudo probar. Se está poniendo el huarache, pues. 

2. Porque en realidad ya ha sido sancionado por infracciones cometidas. No es que apenas los jueces le vayan a notificar un listado de infracciones a su cargo, no, lo cierto es que ya ha sido sancionado en más de 36 ocasiones por diversas violaciones a la legislación electoral. Pero quizá apenas se esté percatando de que sus infracciones -las ya sancionadas, y las que serán sancionadas después, como el uso electoral de los programas sociales, de los “servidores de la nación”, del dinero público, del financiamiento por parte del crimen organizado, etc.-, en efecto podrían derivar en la anulación de los comicios, y por lo tanto, desde ahora le echa la culpa al Poder Judicial; y

2. Porque en realidad el golpista es él. En la literatura política, abundan las acepciones en torno a la noción de “golpe de Estado”. Una de ellas en efecto tiene que ver con la posibilidad de que se utilicen instrumentos institucionales para destituir a un gobernante legítimamente electo, esto es lo que se denomina golpe de Estado institucional o constitucional (o bien, blando o suave, por oposición a los golpes militares), sin embargo, la mayoría de las acepciones, en especial cuando nos referimos a un “golpe de Estado técnico”, aluden a la actuación del propio gobernante que se afianza en el poder de manera ilegítima. De hecho, el concepto (coup dÉtat) nace en la Francia monárquica, en referencia a la actuación del Rey cuando, violando la ley, se deshacía de sus enemigos e incluso de algunas autoridades. Para Maxwell Cameron, “los golpes de Estado se definen como los períodos en los que el presidente ha clausurado el congreso, suspendido garantías constitucionales o artículos de la Constitución para tener un poder ejecutivo más amplio.” Es decir, es el presidente el que está en posibilidad de dar un golpe de Estado técnico, porque como dicen Ruiz y Rocha (2012) los elementos comunes de estos golpes son tres: a) Son planeados y ejecutados desde las esferas del poder establecido; b) Quienes los perpetran buscan preservar o detentar un poder más amplio del que ya ostentan; y c) Uno de los poderes del Estado usurpa o desconoce las atribuciones de otro, basándose para ello en la normatividad o creando una nueva. A través de esta acción se suspende o destruye el régimen constitucional.

Insisto, el golpista es el presidente. Es golpista por su actuación en el proceso electoral, y también por sus propuestas de reforma judicial y electoral, entre otras. 

Como decíamos, puede haber diversas acepciones, pero dice Ramón Dugarte (2020), que el mínimo común denominador incluye: a) un quiebre constitucional, b) una conspiración para tomar o permanecer en el poder, c) violencia física, o amenaza de ella. En el caso mexicano no habría quiebre constitucional si por culpa del presidente el Poder Judicial anula la elección, en todo caso estaría restituyendo el orden constitucional; tampoco parece haber una conspiración opositora, mas allá de la que obra en la imaginación presidencial, y la amenaza de violencia solo sería creíble viniendo del propio gobierno.