La Ciudad de México para realmente ser una ciudad global, debe tener una política humanitaria que reconozca derechos, y al mismo tiempo cuente con políticas públicas para el ejercicio de los mismos.

En la nueva Constitución de la Ciudad de México debe quedar establecida la vocación pacifista, solidaria, hospitalaria y de asilo, propone la Diputada Constituyente, Gabriela Cuevas Barron en su propuesta para reformar el artículo 25 denominado “Ciudad Global”.

En este sentido, debe recordarse que la Constitución que regirá a la Ciudad de México debe ser acorde con los principios establecidos en la Carta Magna en esta materia, particularmente con el articulo 11, en el que se reconoce que el derecho a buscar y recibir asilo, y a obtener la condición de refugiado.

Un dato relevante, con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, destaca que tan sólo entre 2013 y 2015, se incrementaron en 164% las solicitudes de asilo en México producto de la violencia en Centroamérica.

Asimismo, la Diputada Constituyente, Gabriela Cuevas, expuso que el Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, incluidas las niñas, niños y adolescentes, en tránsito y de retorno, así como aquellas a las que se les hubiera reconocido la condición de refugiado u otorgado el asilo político o protección complementaria, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y las leyes federales en la materia.

El tema, destaca Cuevas Barron, resulta de gran relevancia al ser la Ciudad de México lugar de tránsito y destino de migrantes y refugiados, ya que de acuerdo con datos de Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), el 80% de los refugiados en México se concentran en esta urbe, por lo que es necesario que las autoridades estén preparadas para atender a esta población.

A ello, debe sumársele la amenaza de deportaciones de 3 millones de mexicanos procedentes de Estados Unidos ante la llegada de la nueva administración encabezada por Donald Trump, lo que obliga a los gobiernos federal y a los locales a instrumentar políticas de atención social y para la reintegración a los campos educativo y laboral, entre otros, por lo que resulta urgente una política en la materia.

Por ello, en las reservas impulsadas al artículo 25 del Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, la también presidenta de la Comisión de Alcaldías, Gabriela Cuevas, propone que el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías, instrumente políticas de acogida a favor de las personas migrantes en retorno, así como de aquellas sujetas de protección internacional en México.

Además, impulsa que el gobierno de la ciudad genere los mecanismos necesarios para reconocer como víctimas de Desplazamiento Forzado Interno a aquellas personas o grupos de personas forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Ello, considerando que de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre 2011 y 2015, más de 280 mil personas fueron forzadas a desplazarse en varios estados de la República; 9,086 de ellos, se dieron tan sólo entre 2014 y 2015.

Como parte de su propuesta de reformas al articulo 25 denominado Ciudad Global, establece que es necesario que la Ciudad de México promueva su presencia en el mundo y su inserción en el sistema y de redes de ciudades y gobiernos locales, establezca acuerdos de cooperación técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organizaciones, de conformidad con las leyes en la materia.

Debe señalarse que a la propuesta de Gabriela Cuevas, se hicieron añadidos planteados por los diputados Hugo Eric Flores y René Cervera. Este último adicionó al segundo párrafo del numeral tres: “Las autoridades adoptarán medidas y programas para contribuir al respeto y protección de los derechos, la cultura y la identidad de las personas originarias de la ciudad y de sus familias en el exterior. Asimismo, establecerá los mecanismos institucionales para garantizar dicha protección, en los ámbitos de su competencia, y para el apoyo en trámites respectivos para esas personas”. En el caso de Flores se incorporó al final de este apartado la siguiente frase: “Especialmente donde residan el mayor número de personas migrantes”, con lo que quedó complementada la reforma impulsada por la Diputada Constituyente.