Marcos Pérez Esquer.- El presidente de México tiene una curiosa manera de entender cuál es el perfil idóneo para ocupar cada responsabilidad en el gobierno. Hace poco más de tres años, cuando se le criticó fuertemente por algunos nombramientos que dejaban mucho qué desear, dijo con todas sus letras: “los funcionarios de mi administración deben tener 90% honestidad y 10% experiencia”.

La gota que derramó el vaso, y que detonó esta sorprendente declaración fue nombramiento de José Ángel Carrizales como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), luego de que el Senado había rechazado ya en cinco ocasiones la propuesta del presidente de que este joven ocupase cargos en el sector energético que requieren ratificación del Senado. El motivo del rechazo: no cubría el perfil. Ante las cinco negativas senatoriales, el presidente lo nombró como titular de esa agencia de seguridad energética que no requiere ratificación parlamentaria, pero que desde luego sí requiere conocimientos técnicos que el susodicho dista mucho de tener.

Como ese, hubo otros muchos nombramientos en distintas áreas del sector público que tampoco cubrían el perfil mínimo recomendado. Pronto se vio que aquella expresión, en realidad no aludía ni a honestidad -porque a estas alturas de su gestión ha quedado más que claro que eso no importa en absoluto si se es leal al presidente-, ni tampoco de capacidad, aunque fuere poquita. A estas alturas de su gestión -repito-, queda claro que lo que el presidente quiso decir, es que a él solo le importa la lealtad. Si hubiese hablando con verdad, habría dicho que los funcionarios de su administración deben tener 100% de lealtad y 0% de capacidad.

Así quedó demostrado cuando se supo que decenas de jóvenes sin experiencia alguna (algunos literalmente no habían trabajado en absolutamente nada antes), eran contratados primero en el Grupo de Ayudantía del propio presidente, es decir, como escoltas, como choferes, o para ayudar a recibir las peticiones de la gente que le acerca cartas y papeles al presidente en sus giras, o para ayudar a colocar el micrófono en una conferencia, o a limpiar el atril, etc., para de ahí brincar luego, a una posición de relevancia que en sentido estricto exigiría no solo experiencia sino una capacidad técnica específica. Estos ascensos ocurrirían claro está, después de que estos jóvenes demostrasen no capacidad, sino lealtad ciega al titular del Ejecutivo (y a su fuerza política).

Llama la atención entonces, que, con ese estilo, ahora haya dado en vetar el nombramiento de dos personas designadas por el Senado para ocupar los cargos de comisionada y comisionado del INAI. Llama la atención porque si bien es cierto que muchos criticamos el nombramiento del comisionado, ya que había sido el segundo peor calificado en la evaluación diseñada por las universidades convocadas por el Senado para ello, también es cierto que al presidente nunca le ha preocupado la incapacidad, así lo ha demostrado en la práctica una y otra vez con sus propios nombramientos (baste recordar uno más, el de la secretaria de educación pública). Y por otra parte, llama la atención que también vete el nombramiento de la comisionada, ya que esta fue la segunda mejor calificada en dicho proceso. Es decir, al presidente parece que no le gusta ni el peor, ni la mejor, ¿qué quiere entonces? Insisto, quiere lealtad.

Resulta ser que quien fue nombrado como comisionado, impulsado por el grupo parlamentario de Morena, le es leal al senador Monreal, no a Obrador, y pues, eso no le gusta nadita al presidente. Y por su parte, quien fue nombrada como comisionada, muy bien evaluada en el proceso, resulta ser que fue impulsada por la oposición, así que no importa su calificación, no le es incondicional al presidente y ello le basta al habitante de palacio para vetarla; que perfil ni que nada, ¡faltaba más!

Todo esto trae, o debería traer a la memoria, que existe una ley, la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que está cumpliendo 20 años de vigencia y que a la fecha sigue siendo pisoteada una y otra vez. Ciertamente esa ley no aplica al caso del INAI, pero sí a los otros nombramientos que hemos mencionado, y lo que exige tal ley, es que los puestos sean concursados y los ocupe quien demuestre mayor capacidad. Mediante artimañas varias, la ley ha sido torcida y marginada hoy más que nunca. Quizá sea hora de volver a ella a corregirle los huecos que permiten estas maquinaciones. La sociedad se merece personas servidoras públicas de primer nivel, no a los amigos, cuates e incondicionales del gobernante en turno.