Con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos –no solo reconociéndolos y ampliándolos– sino fundamentalmente dotándolos de un mecanismo procesal que permita hacerlos efectivos, obligando a la autoridad para que actúe en el sentido de respetarlos o reparar la violación de éstos, el diputado Luis de León Martínez Sánchez propuso la iniciativa cuyo objeto es crear el juicio para la protección de los derechos humanos.

Al presentar su propuesta en tribuna, el legislador argumentó que actualmente la gran limitante con la que se encuentran los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, es que sus determinaciones derivadas de sus investigaciones, y donde se señalan violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades no son obligatorias.

Por lo anterior, señaló, al reformar y adicionar los artículos 1°, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obligaría a la autoridad a cumplir las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Agregó que la reforma acude al modelo que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, se pretende que la CNDH juegue el rol de la Comisión Interamericana; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el de la Corte Interamericana; y los estados parte serían las autoridades federales.

“Así las cosas, cuando una recomendación de la Comisión Nacional no quiera ser cumplida por una autoridad a la que vaya dirigida, ésta tendrá la posibilidad de plantear su incumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emplazará a la autoridad que se considere responsable de violación a derechos humanos para que acuda a defenderse en un procedimiento que se siga ante la Suprema Corte quien, previo procedimiento contradictorio, determinará si la autoridad es o no es responsable”, expuso el diputado por Oaxaca.

Agregó que en Acción Nacional seguirán pugnando por tener organismos si bien autónomos, también dotados de facultades y capacidades necesarias para una efectiva protección de los derechos fundamentales.