A fin de no poner en entredicho la equidad en el proceso electoral que se lleva a cabo en el Estado de México para la elección de gobernador, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practique auditorías de desempeño a los programas sociales que se promueven así como a los padrones de beneficiarios de la entidad.

Mediante un punto de acuerdo, la legisladora de Acción Nacional también exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar la comisión de posibles delitos electorales por parte de servidores públicos de la Federación, ante su participación “activa” en distintos eventos celebrados en territorio mexiquense, en los que se promocionan los logros del actual gobierno y se favorece al candidato del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México.

Rojas Hernández detalla que desde el siete de septiembre pasado en que dio inicio el proceso electoral en la entidad, se han registrado 89 visitas de servidores públicos:

Destacan los titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, con 14; de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, con nueve; de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, con seis; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán Ortíz, con seis; el Director General del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, con cinco; el Subsecretario de la SEDATU, Enrique González Tiburcio con cuatro; del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán; de Comunicación y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz Esparza; el Subsecretario de Planeación Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL, Javier García Bejos y el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, con tres visitas cada uno.

Esta participación, en donde promueven los logros del gobierno federal y estatal, se ha incrementado junto con el reparto de beneficios “clientelares” a través de programas sociales como los de empleo temporal, con anuncio de inversiones que denominan “históricas” de más de 82 millones de pesos; de Capacitación y Apoyos agropecuarios; Prospera y Papelito Habla; o el reparto de tarjetas La Efectiva, cuyo fin es inducir a los mexiquenses a un voto viciado y a favor del partido en el poder.

Adicionalmente, la senadora por el Estado de México subraya que en 2016 el gasto que SEDESOL tenía asignado para programas sociales en la entidad casi se duplicó, al pasar de 439 millones a 802 millones de pesos, de acuerdo con el Cuarto Informe Trimestral de las Finanzas Públicas que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión.

Rojas Hernández finalizó que de acuerdo con el artículo 134 constitucional, los servidores publicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Además, la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 449, señala que constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos a votar a favor o en contra de cualquier partido o candidato.