Ciudad de México.- Para la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses que definan y aprueben el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, deberán procurar la máxima publicidad en cumplimiento con el espíritu de las leyes de transparencia y anticorrupción aprobadas por el Congreso de la Unión.

Mediante un exhorto presentado a la Comisión Permanente, Rojas Hernández precisó que la labor del CPC es dotar a los ciudadanos, a través del acceso a la información, de las herramientas de convicción y de rendición de cuentas suficientes para dar seguimiento a un posible enriquecimiento ilícito y poder denunciar, en su caso; pero, al mismo tiempo, salvaguardar los datos personales.

La también integrante de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana planteó la relevancia de que el Comité de Participación Ciudadana remita un informe sobre los criterios y la metodología a adoptarse en esta definición de formatos, así como la conveniencia de que se consulte a organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el funcionamiento y efectividad de las declaraciones en sus países miembros.

Los organismos internacionales mencionados, explicó la legisladora, coinciden en que las declaraciones patrimoniales y de intereses son una herramienta, tanto de prevención como de investigación para posibles hechos de corrupción.

Rojas Hernández recordó que durante la aprobación de la legislación secundaria, mediante la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se estableció un robusto Comité de Participación Ciudadana cuya atribución es la de proponer al Comité Coordinador, para su aprobación, los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses, obligatorios para todos los órdenes de gobierno.

La relevancia de contar con el diseño y aprobación de los formatos, finalizó la senadora de Acción Nacional, radica en que este mismo ordenamiento mandata la creación de un Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal dentro de la Plataforma Digital Nacional, que permitirá coordinar y homologar la información del sistema anticorrupción.