Marcos Pérez Esquer.- El pasado sábado 22 de agosto pasó algo inusitado e inconcebible en la vida parlamentaria de México.

Una mayoría de trece legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado de Baja California Sur, decidió, en contra de una resolución judicial, destituir de sus cargos a las y los legisladores de oposición.

Resulta ser que desde marzo pasado ya venían teniendo enfrentamientos que el día 17 de ese mes culminaron con una primera intentona para destituirlos en contra de ocho legisladores locales de oposición: tres del Partido Encuentro Social (PES), dos del Partido Acción Nacional (PAN), uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y uno del Partido Humanista.

Digo que quedó en intentona, porque el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a través del Ministro Alberto Pérez Dayán, obtuvo una suspensión del acto.

La suspensión ordenó dejar las cosas en el estado en el que se encontraban hasta antes de la destitución, es decir, ordenó reponer en su cargos a las y los diputados locales que habían sido separados de sus puestos, y no sólo eso, sino que ordenó que todos los actos realizados por el Congreso estatal durante el tiempo en el que estuvieron destituidos, se consideraran nulos.

Pues bien, así estaban las cosas hasta que el sábado pasado, en una sesión virtual que duró más de ocho horas, las y los diputados de Morena y del PT, decidieron someter a juicio político a los mismos ocho legisladores, es decir, encontraron una nueva vía -la vía del juicio político-, para alcanzar el mismo fin, el de destituirles del cargo. Y así lo hicieron, salvo por el hecho de que esta ocasión destituyeron a cinco y amonestaron a tres de ellos. En el caso de los destituidos, además fueron inhabilitados para el desempeño de cualesquier cargo público durante los siguientes dos años.

De los cinco destituidos e inhabilitados, tres, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Perla Guadalupe Flores Leyva y Rogoberto Murillo Aguilar son del PES, una, Elizabeth Rocha Torres es del PAN, y una más, Daniela Viviana Rubio Avilés, es del Partido Humanista. La sanción de amonestación la recibieron José Luis Perpuli Drew, del PAN, Maricela Pineda García, del PRD, y Anita Beltrán Peralta, del PRI.

Es importante anotar, que además de que ya el Ministro Pérez Dayán había emitido una suspensión, y que en virtud de ello, los diputados de Morena buscaron otra vía para lograr el mismo fin, lo que de suyo es un fraude a la ley, el nuevo acto, también contaba con una suspensión otorgada por una jueza federal. Es decir, por donde se le vea, los legisladores morenistas sudcalifornianos están incurriendo en desacato judicial, y eso es un delito. Además, es claro que el atropello de las bancadas de la 4T se constituye también en violencia política. En una de esas y quienes terminan siendo retirados de sus encargos son ellos.

La razón que se esgrime para justificar las sanciones, es el supuesto hecho de que estas y estos legisladores han acumulado cinco faltas a las sesiones del Congreso. Ignoro si ello es cierto, pero al respecto hay que tener en cuenta que faltar a las sesiones muchas veces se utiliza en los parlamentos de todo el mundo como una táctica política para tratar de impedir que se aprueben decisiones que cierta fuerza minoritaria considera inadecuadas. En el mismo sentido se utiliza la táctica de “romper el quórum”, es decir, cuando algunos legisladores se salen de la sesión para que no haya mayoría para aprobar algún tema al que se oponen. El uso de este tipo de tácticas no puede ser motivo de destitución. Hacerlo así, es violentar el voto popular, la decisión de los ciudadanos de que haya una representación de las minorías ejerciendo su derecho a ser escuchada.

Pero me parece que lo importante aquí, es tomar nota de esa actitud de Morena y sus aliados de pretender, a toda costa, así sea violando ostensiblemente el estado de derecho, aniquilar a la oposición. Nada más antidemocrático que negar la pluralidad e intentar acabar con las voces disidentes.

El tufo autoritario que despiden estos arrebatos caprichosos, da cuenta del riesgo que significa entregar demasiado poder a un solo grupo. Puede caer en la tentación de acabar con los derechos y las libertades ciudadanas.