Marcos Pérez Esquer.- En su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó el problema de la inseguridad.

Reconoció que estamos inmersos en dos crisis: la sanitaria y la económica. Si bien estas también las minimizó al señalar un tanto frívolamente, que ya las estamos superando –cosa que dista mucho de ser verdad-, lo que llama mucho la atención es el desdén con el que abordó el problema de la seguridad pública.

Pareciera que, dado que la opinión pública se ha volcado principalmente sobre el tema de la emergencia sanitaria, desde el poder se aprovecha esa situación para obviar el análisis profundo que requiere el asunto de la inseguridad.

Lejos de eso, se dice que los delitos han bajado un 30%, y que “solo” el homicidio doloso y la extorsión siguen a la alza. Lo cierto es que ningún delito ha bajado en un 30% ni mucho menos; los que han bajado lo han hecho marginalmente y se trata de aquellos que por su naturaleza ocurren en el espacio público, es decir, el robo de vehículo, el robo en transporte público, el robo a transeúnte, etc.

Es obvio que en una situación de pandemia, y concretamente en una situación de confinamiento, ese tipo de delitos deben observar una reducción. Si la gente no está en la calle, en el transporte público, etc., evidentemente habrá menos delitos asociados a ello. Amén de que las víctimas también se verán inhibidas para ir a las oficinas del ministerio público a denunciar. Si ya antes, a la mayoría de las personas les parecía que denunciar no era mas que una pérdida de tiempo, qué podríamos esperar en condiciones de pandemia.

Sin embargo, lo que no se dice en el informe, es que en contrapartida, los delitos que por su naturaleza ocurren hacia el interior de los hogares, han visto un alarmante incremento en estos tiempos de Covid-19. De manera destacada el delito de violencia intrafamiliar. Pero también otros como el de la violencia contra las mujeres, y el de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

En un solo mes, 300 mujeres fueron asesinadas dentro de sus propios hogares. Durante la pandemia las llamadas de auxilio al teléfono 911 por parte de mujeres violentadas se incrementaron en un 80%, y las solicitudes de refugio aumentaron en un 50%. Lastimosamente, la red de refugios para atender a mujeres víctimas de violencia está en la situación más precaria en la que ha estado en años, justo porque desde su inicio este gobierno les ha regateado recursos.

Falso también, que el feminicidio sea de los delitos que han visto una disminución. Ahí el presidente simple y sencillamente se equivoca, o de plano miente. El feminicidio ha seguido en aumento. En los primeros siete meses del año 2020 hubo 5.7% más feminicidios que en los primeros siete meses del año anterior.

En cuanto a los dos delitos que el presidente sí reconoce que van en aumento ya ni hablamos. Lamentablemente se trata de los delitos de mayor impacto. El homicidio doloso en concreto, es el que ha venido horrorizando a nuestra sociedad desde hace años, y lejos de contenerse, sigue en aumento. 60 mil personas han sido asesinadas durante los primeros 20 meses de este gobierno; más del doble de los ocurridos en el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto, y más del triple de los acaecidos en esa etapa del sexenio de Calderón.

Lo más grave es que no se ve ninguna política pública o esfuerzo institucional emprendido por el gobierno, que brinde esperanzas de que en el futuro pudiésemos ver una contracción de la violencia homicida y feminicida.

La Guardia Nacional está resultando en un fiasco. No ha significado otra cosa que la oficialización de la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública, pero nada más. No hay ni más equipo ni más capacitación. El presidente dice que cuenta con 97 mil elementos, pero el informe revela que son 36 mil, y muchos de ellos son usados como policía migratoria.

De hecho, la militarización de la Guardia Nacional, junto con el permiso que el Congreso le dio al Ejecutivo para utilizar al ejército en tareas de seguridad pública durante 5 años, provocará que durante todo este sexenio el Estado Mexicano abdique de su responsabilidad de fortalecer a las corporaciones policiacas civiles -como lo debería ser la propia Guardia Nacional-, pero sobre todo las locales.

Cuando termine ese plazo, y cuando termine el sexenio, podríamos encontraremos con mayores niveles de violencia y con corporaciones policiacas sumamente debilitadas. El gobierno en turno habría pateado el bote hacia delante, sin resolver nada de fondo.