Salvador I. Reding Vidaña.- La crisis del agua en Chihuahua pasó, de un choque entre campesinos con fuerzas federales (guardias nacionales y militares) a una tragedia, cuando los testimonios dicen que una mujer, ya lejos de la escena de la presa origen del problema, fue arteramente asesinada, y herido gravemente su esposo. Un hecho que ha conmovido a gente dentro y fuera del país. No es, claro, la primera vez que eso pasa en México o en otros países. Pero cada vida es única, y el homicidio calificado debe ser sujeto a la Justicia.

La historia del mundo nos muestra cómo, tras sucesos como este, de asesinato de civiles indefensos por elementos o un elemento de alguna fuerza pública, militar o policial, lo primero que hacen institucionalmente es o negarlo si es posible, o inventar un enfrentamiento inexistente y luego, casi invariablemente, tratar de encubrir al o los culpables, e intentar librarlos del debido proceso penal, en una “solidaridad” perversa.

En México, bajo la consigna de combatir a los sicarios del narcotráfico, elementos militares asesinaron, en varias ocasiones, a civiles completamente ajenos y desarmados. De entre ellos, hace unos años, en dos lugares y momentos diferentes de Sinaloa, partidas militares acribillaron familias que pasaban por el sitio. Los detuvieron, pues había testigos, pero ¿qué sucedió después con esos militares asesinos? Ya no se supo.

Hubo, entre otros más, otro caso muy grave que trascendió internacionalmente, cuando en Monterrey, militares asesinaron a dos estudiantes de postgrado a la salida del Tecnológico de Monterrey, alegando que eran sicarios que les atacaban. Aclaradas sus personalidades, el Ejército tuvo que reconocer el doble crimen, pero ¿qué pasó después con la identificación de los militares asesinos y su posible sujeción a consejo de guerra? Tampoco se supo.

El problema con los crímenes ocasionados por miembros de fuerzas armadas es muy complejo. Incluye desde una mala formación hasta una posible gran insensibilidad de los mandos, que van del jefe de Estado para abajo, por la línea de mando. Luego, cínicamente, hablan de “daños colaterales”.

En el caso de Chihuahua, la responsabilidad penal por el ataque al matrimonio baleado, inicia, por supuesto, por los miembros de la Guardia Nacional o de la Sedena que dispararon, los asesinos materiales. Si lo hicieron por propia iniciativa, o un superior inmediato se los ordenó, eso debe aclararse y fincarse responsabilidades directas. ¿Por qué lo hicieron? Corresponde a muchos otros eventos, creyendo quizás que no les pasará nada, como lo ha sido en muchos otros casos semejantes: inmunidad.

Pero hay que ir más lejos. Haber creado esa situación de confrontación, es responsabilidad primaria del presidente, que dio las órdenes de ocupar la presa y enfrentar si fuera necesario a la población, y así lo hicieron. Pero como luego miles de ciudadanos sacaron a la mala, con superioridad numérica, a los miembros de la Guardia Nacional y de la Sedena, y los humillaron, el enojo de éstos desbordó los supuestos limites morales de los asesinos. Pensemos que así haya sido.

Y además del aspecto material del crimen, volvemos al caso clásico de que las instituciones involucradas aleguen formalmente que sus soldados repelieron una agresión, una de lo cual no hay absolutamente ninguna evidencia, al contrario, y sí testimonios de civiles que estuvieron presentes. Estos crímenes tienen todos los agravantes. Y no sólo se ve a una población de Chihuahua agraviada, sino todo un país, y extranjeros, que se ven profundamente agraviados.

Pero es muy importante dejar en claro que el presidente y los mandos que dieron órdenes de enfrentar a los campesinos que reclamaban su agua, tienen una grave responsabilidad, precisamente por eso, situación que llevó al crimen. Claro que ellos, presidente y mandos, no jalaron los gatillos, pero sí ocasionaron, con su falta de sentido de gobierno y de seguridad de la población, que todo ello ocurriera. Y deben de responder a la ciudadanía. No pueden evadir responsabilidad ni dejar la carga penal exclusivamente a los autores materiales y lavarse las manos.

Todas las viejas y nuevas peroratas y quejas del presidente respecto al papel de las fuerzas armadas, respetando a la población, a la que nunca atacarían, se ven ahora derrumbadas por la evidencia, de este y otros casos recientes. Este es tan notable, que en el mundo hay gran expectativa sobre lo que hace o hará el gobierno federal. Y por ahora, no se ve ninguna acción presidencial en búsqueda de hacer justicia, quiere el presidente desviar la atención politizando las acciones de los campesinos, evadiendo el homicidio. Ni para reconocer al menos alguna responsabilidad presidencial y de altos mandos, como reclamaba en el pasado a los ejecutivos en turno. ¿Cobardía? Pienso que sí.